El suspendido sacerdote acusado a nivel federal por abusar sexualmente de un joven, Israel Berríos Berríos, sometió una moción de supresión de evidencia relacionada con las admisiones que hizo en enero de 2013 ante las autoridades eclesiásticas cuando fue investigado por las alegaciones de actos sexuales contra un menor entre 2007 y 2008, cuando tenía entre 14 y 15 años.

La moción se refiere al informe de la investigación de la Iglesia Católica el año pasado, en la que los religiosos le preguntan a Berríos Berríos sobre una situación ocurrida en un crucero en 2008, y el acusado contesta: "Es cierto. Hice esas indiscreciones. Fue un error que marcó mi vida, pero pasó y no puedo negarlo. Cometimos un error, pero soy el adulto. Fue un error. Esa situación pasó y fue desafortunada para mí y para él".

Cuando se le cuestionó si los actos de índole sexual ocurrieron en más de una ocasión, dijo que sí. No obstante, alegó no recordar si hubo sexo oral, pero "sí caricias y besos". También aceptó que se tocaron sus genitales. Al preguntarle cuántas veces pasó, Berríos Berríos respondió que "no recuerdo, porque son cosas que quiero borrar de mi mente, pero definitivamente fue más de una vez".

Berríos Berríos, de 58 años y mejor conocido como padre Israel, enfrenta cargos por tráfico sexual de menores y transportar a un menor con fines de sostener actos sexuales ilícitos, cuando transportó al entonces menor desde la iglesia en Aibonito hasta su hogar en Naranjito en el vehículo oficial de la parroquia. Además, se le señala por llevar el 21 de julio de 2008 al entonces adolescente de 15 años a Miami, en Florida, y tomaron el crucero Majesty of the Seas por las Bahamas por cuatro días, quedándose en la misma cabina.

 La presunta víctima tiene ahora 21 años, pero lo conoció cuando este tenía entre seis y siete años. Fue desde entonces que se convirtió en una supuesta figura paterna para él y hasta en su padrino.

El abogado de defensa del religioso, Héctor Guzmán, sometió la moción en el expediente electrónico del caso el 25 de julio pasado, pero ayer los fiscales Elba Gorbea y Marshal D. Morgan respondieron en una moción no sellada.

En la moción, plantean que la defensa solicitó que se supriman las admisiones del acusado porque: entendía que las admisiones eran "confidenciales, de una investigación interna de la iglesia", y alega que las mismas fueron hechas involuntariamente, además de que no se respetó la diferencia entre iglesia y estado.

La defensa alegó que "él entendía que esas declaraciones fueron hechas a sus compañeros sacerdotes, como parte de una investigación interna disciplinaria, que eran confidenciales, con la intención de ser utilizadas solamente por la iglesia, y que permanecerían bajo la confidencialidad de la iglesia".

La Fiscalía entiende, sin embargo, que las argumentaciones de la defensa son "engañosas, repetitivas, inconsistentes y simplemente no apoyadas por la ley". Destacó que la defensa no cita en ningún momento el Código de Canon de Ley de la Iglesia Católica Romana, contrario a la moción de la Fiscalía, que consta de 14 páginas.

Los fiscales también señalaron que la moción de supresión debe ser denegada, porque el acusado quiere hacer ver que las admisiones que hizo fueron parte de una confesión, cuando no fue así, por lo que no aplica la confidencialidad de la confesión.

 Insistieron en que las admisiones fueron hechas ante el interrogatorio del padre Félix Núñez Hernández, catalogado como juez instructor de la investigación, y no estaba actuando como confesor. Destacan que no es confesión, porque no le impuso penitencia al finalizar y apenas le dijo "gracias por su franqueza".

El escrito de la Fiscalía destacó que las expresiones fueron hechas voluntariamente, lo que no se sostiene en el récord del día de la vista.

"En este caso, el acusado no sólo respondió libre y voluntariamente, sino que después de terminar, él le dio seguimiento a las preguntas con una o más cartas aclarando sus contestaciones previas y proveyendo respuestas específicas a expresiones dadas por la víctima durante la investigación", lee la moción.

La selección del jurado para el juicio en contra de Berríos Berríos está pautada para el 21 de agosto ante el juez federal Jay A. García Gregory.

De ser encontrado culpable, el acusado se enfrenta a una pena mínima de 10 años hasta cárcel de por vida.