El Ministerio Público no estuvo preparado hoy para la vista preliminar en contra de dos universitarios arrestados durante una manifestación en abril pasado en contra de los recortes al presupuesto de la Universidad de Puerto Rico (UPR).

El fiscal Jorge Carrión Ramos dijo que a pesar de que los ocho agentes que figuran como testigos suyos estaban presentes en sala, les faltaba un documento.

Carrión Ramos declinó comentar detalles sobre qué documento era. Solo se limitó a decir que lo ayudaría a probar el elemento de uno de los delitos que se les imputa a los jóvenes Josué Román Figueroa y Adriana Quiles Méndez por daños a la propiedad y agresión.

“En la Regla 6 hay un quatum de prueba y en la vista preliminar hay otro quantum. Ese documento… es importante en esta etapa. Al agente investigador Sullivan le dijeron que en una o dos semanas el documento está… por los recesos que hubo en julio parece que ha habido atrasos en eso”, afirmó fuera de sala en un aparte con Primera Hora.

El juez Rafael Taboas Dávila citó a las partes para el 24 de agosto.

“Pero si el 24 de agosto el Ministerio Público no está preparado es el último día de los términos extendidos por lo tanto la vista preliminar se desestimaría. Esperemos que el Ministerio Público esté preparado, y si no, invocaríamos lo que corresponda en derecho”, advirtió por su parte Jorge Gordon abogado de los imputados.

Tanto Adriana como Josué dijeron estar tranquilos y dispuestos a enfrentar el proceso.

Josué indicó que con sus arrestos las autoridades buscar criminalizar las manifestaciones y que la gente coja miedo de expresarse libremente.

La primera vez que la fiscalía acudió al tribunal en contra de los universitarios, el juez José L. Parés Quiñones encontró no causa para arresto según se presentaron las denuncias, por lo que fueron en alzada.

Posteriormente la jueza Eloína Torres Cancel determinó que sí había causa para arresto, en el caso de Josué por violar el artículo 1999 del Código Penal por daños en su modalidad agravada por dañar propiedad pública y en el caso de Adriana por ese mismo delito y por el artículo 245 del Código Penal de obstrucción con violencia a la autoridad pública por supuestamente golpear a un agente con el puño y luego rociarle gas pimienta.

Los hechos habrían ocurrido durante una manifestación el domingo, 23 de abril en el Capitolio.