La Corporación del Fondo del Seguro del Estado (CFSE) referirá al Departamento de Justicia los casos de personas que utilizaron el dinero de los lesionados fallecidos por concepto de dieta o compensaciones por incapacidad y no lo devolvieron a la agencia.

Así lo informó la administradora, Liza M. Estrada Figueroa, al afirmar que la agencia está atendiendo todos los hallazgos de la más reciente auditoría de la Oficina de la Contralor. En la misma se detectó que la CFSE desembolsó $3.7 millones a 1,660 trabajadores ya fallecidos.

“Desde que se nos notificó por parte de la Oficina de la Contralora de los hallazgos preliminares se comenzó a trabajar de manera proactiva para corregir los señalamientos que recaen principalmente en la pasada administración. Seré bien rigurosa en identificar los errores cometidos para que se realizaran dichos pagos y corregirlos”, indicó Estrada Figueroa en comunicado de prensa.

Añadió que entre las cosas que indagan está el saber si los pagos a las personas difuntas fueron cambiados o si permanecen depositados en las cuentas bancarias.

 “Si el dinero fue utilizado, hay delito y lo referiremos al Departamento de Justicia”, puntualizó.

Dijo que otra de las medidas tomadas por la CFSE fue un acuerdo colaborativo con el Registro Demográfico del Departamento de Salud para hacer un pareo entre los casos activos y los certificados de defunción.

“Este acuerdo nos permitió parear casos de Incapacidad Total Permanente (ITP) que se estaban depositando a lesionados que ya fallecieron. A través de los números de seguro social, logramos identificar a los beneficiarios con los certificados de defunción. Este intercambio de información lo haremos de manera constante”, destacó la Administradora.

La CFSE tenía 469 casos de incapacidad, de los cuales 414 fallecimientos se pudieron identificar mediante pareo del seguro social, fecha de nacimiento y nombre del lesionado. Estos casos pudieron liberar reservas actuariales adjudicadas por un monto de $4,852,972, mencionó.

Por otro lado, la Oficina del Contralor detectó varios casos de robo de propiedad y malversación de fondos por los que la corporación perdió $1.3 millón entre el 2006 y el 2012. Sobre el particular, Estrada Figueroa dijo que el informe “ya se preparó para referirlos al Departamento de Justicia”.

“Estos robos ocurrieron debido a que no le dieron prioridad a nombrar el personal necesario para fiscalizar”, alegó.

La administradora informó que ya hizo los arreglos necesarios para que, con la aprobación de Gerencia y Presupuesto, esas plazas se asignen a la brevedad.