El presidente del Frente Unido de Policías Organizados (FUPO), Diego Figueroa, advirtió hoy que no están dispuestos a transar con la Policía de Puerto Rico los términos de un recursos de Mandamus y Sentencia Declaratoria radicado el 23 de abril en el Tribunal de San Juan para obligar a la agencia a que acepte las renuncias de 19 oficiales y les permita continuar con el proceso para acogerse a la jubilación que se encuentra paralizado desde marzo.

Figueroa explicó que el 6 de mayo, la Policía le presentó a la jueza del Tribunal de Primera Instancia Giselle Romero García, su contestación a la demanda por escrito en la que adelantan que la Policía no está limitando o impidiendo el derecho a los demandantes a acogerse al retiro dentro de los términos del 30 de junio de este año y le permite a 11 de los 19 demandantes que se jubilen.

“No obstante, la Policía de Puerto Rico no está de manera alguna limitando o impidiendo el derecho de los demandantes a acogerse a su retiro toda vez que su renuncia será aceptada y su retiro tramitado dentro de los términos establecidos para ello, esto es, en o antes del 30 de junio de 2013”, citó Figueroa un fragmento del documento.

Sin embargo, agregó que la jueza le concedió 20 días adicionales a la Policía para que le demuestren las razones para no adjudicarle el caso a favor de los demandantes. 

“Nosotros no queremos transar, nosotros queremos que la jueza decida porque nosotros queremos que el caso se utilice con otros recursos posteriores, si lo dejamos aquí no hay una decisión, se limita a un grupo la demanda. Queremos que se resuelva totalmente en sus méritos porque esa jurisprudencia la pueden utilizar otros afectados en el futuro. No queremos una victoria a medias”, detalló Figueroa.

En el recurso radicado por el licenciado Michael S. Corona Muñoz, se planteaba que ni el Gobierno ni el superintendente Héctor M. Pesquera tienen autorización en ley para rechazar las renuncias de siete sargentos, un capitán, un teniente II y de 10 agentes, por lo que solicitó al Tribunal que les ordene cumplir con su deber ministerial y permitirles continuar con el proceso de jubilación por años de servicio.

En el documento presentado por FUPO, se detalla que los demandantes presentaron de manera formal y por escrito sus renuncias a la Policía en o antes del mes de marzo del 2012 y un año después, mientras realizaban las gestiones para recibir sus autorizaciones para la jubilación, se les indicó de manera verbal que Pesquera rechazaba las renuncias por existir supuestas querellas administrativas de años atrás, que no permitieron que se les diera curso a su retiro. 

Agregó, Figueroa que en su respuesta, la agencia respondió también que “estará en posición de notificar la aceptación a sus renuncias en o antes del 30 de junio de 2013, aún cuando los demandantes no puedan cumplir con la sanción impuesta o si quedasen pendientes los procesos administrativos informales como mecanismos ilegales a su disposición”. 

Esta jueza tiene asignado también el caso de 78 empleados de la Oficina del Contralor de Puerto Rico quienes presentaron una Petición de Sentencia Declaratoria e Interdicto Preliminar y Permanente para impugnar la constitucionalidad de parte de la recién aprobada Ley Núm. 3 del 4 de abril de 2013, conocida como la Reforma de Retiro.