García Padilla y Pierluisi apuntan hacia Holder por casos de pena muerte

Por Antonio R. Gómez 03/23/2013 |07:59 p.m.
García Padilla había informado que le solicitó mediante carta al secretario de Justicia de Estados Unidos, Eric Holder, que no autorice a los fiscales federales a pedir la pena de muerte por hechos ocurridos en Puerto Rico. (jorge.ramirez@gfrmedia.com)  
“Los puertorriqueños no creemos en la pena de muerte. Yo no creo en la pena de muerte", dijo el gobernador durante la mañana.

El gobernador Alejandro García Padilla aplaudió la determinación del jurado puertorriqueño que este sábado, en el Tribunal Federal en San Juan, rechazó imponer la pena de muerte al convicto de múltiples asesinatos Alexis Candelario Santana.

“Expreso mi más profundo respeto al jurado por la decisión tomada. Con ello reitera lo que es la convicción sostenida del pueblo puertorriqueño: que la pena de muerte no debe aplicarse bajo ninguna circunstancia”, expresó por escrito el primer ejecutivo.

Antes de conocerse el veredicto de cadena perpetua al convicto por la masacre de La Tómbola, García Padilla había informado que le solicitó mediante carta al secretario de Justicia de Estados Unidos, Eric Holder, que no autorice a los fiscales federales a pedir la pena de muerte por hechos ocurridos en Puerto Rico.

“Los puertorriqueños no creemos en la pena de muerte. Yo no creo en la pena de muerte. Entiendo que resulta ser una aberración histórica, oscurantista, la capacidad del estado de privar de aquello que el Estado no otorgó, de aquello que no le pertenece al Estado”, dijo el gobernador durante un desayuno que sostuvo con miembros del Overseas Press Club de Puerto Rico.

Tapaboca a la procuradora

Durante ese encuentro con la prensa, García Padilla manifestó que “cualquier persona en este país tiene derecho a diferir, por supuesto”, pero declaró que “cualquier persona que forme parte del gobierno de Puerto Rico tiene que estar a tono con esa política pública”.

 Sus expresiones se dieron un día después de que la procuradora de las mujeres, Wanda Vázquez, se expresara a favor de la aplicación de la pena de muerte a Candelario Santana, aún cuando la Constitución del Estado Libre Asociado la prohíbe.

Vázquez, quien era fiscal cuando le tocó investigar la escena de los crímenes en La Tómbola, favoreció el asesinato del convicto por inyección letal alegando que se le debe enviar un mensaje claro a los gatilleros.

“No es una política pública de mi gobierno. Es una política que emana de la carta de derechos de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y que los funcionarios públicos respeten esa constitución no es opcional”, puntualizó García Padilla.

Coincide Pierluisi

El comisionado residente de Puerto Rico en Washington D.C. y presidente del Partido Nuevo Progresista, Pedro Pierluisi, también apuntó hacia Holder.

“Como he pedido en repetidas ocasiones, el secretario de Justicia federal debe tomar en consideración lo que dispone nuestra Constitución antes de proceder a solicitar la pena de muerte en nuestra jurisdicción, pues es claro que nuestro pueblo no desea llegar a ese extremo a la hora de enjuiciar a los criminales”, expuso.

“Reconozco la incertidumbre y la desolación que provoca el crimen en Puerto Rico. Pero, aún como víctima que fui de un crimen que arrebató la vida de mi hermano, estoy convencido de que el Estado no es el llamado a quitar la vida", declaró por escrito Pierluisi, cuyo hermano José Jaime fue asesinado durante un robo de auto a mano armada en 1994.

Habla Sila

En tanto, la exgobernadora Sila María Calderón opinó que la pena de muerte es un “asesinato oficializado”.

“Al igual que yo, la gran mayoría de los puertorriqueños están en contra de la pena de muerte, más allá de los casos particulares”, sentenció Calderón durante un aparte con este medio en una actividad comunitaria realizada en el Centro para Puerto Rico, previo a emitirse el veredicto.

No obstante, Calderón declinó comentar sobre la insistencia de las autoridades federales de imponer tal castigo en la Isla, pues sus estatutos sí lo permiten.

A Candelario Santana se le atribuyen 22 asesinatos, pero el juicio federal se limitó a las nueve muertes de la masacre del negocio La Tómbola, ocurrida en la madrugada del 17 de octubre de 2009. En el incidente fallecieron ocho personas y un feto de ocho meses de gestación.