El gobernador Ricardo Rosselló Nevares convirtió en ley el Proyecto de la Cámara 1219 para proveer una nueva alternativa de rehabilitación a imputados de ciertos delitos que son adictos al uso de sustancias controladas con el objetivo de que se conviertan en personas productivas para la sociedad.

La medida que fue radicada por el representante José E. “Quiquito” Meléndez crea un procedimiento de desvío terapéutico que estará disponible para personas imputadas de cometer algún delito de posesión de sustancias controladas, apropiación ilegal u otro delito grave, que no implique violencia, y que sea consecuencia directa del deseo del imputado de satisfacer una adicción.

Con la nueva Regla 247.2 de Procedimiento Criminal, el adicto imputado de delito que cualifique se someterá a una evaluación y al tratamiento necesario para combatir su adicción.

Una vez lo complete, el tribunal archivará el caso en su contra para tratar su adicción desde el punto de vista salubrista.

En caso de que incumpla con el programa, se le revocará el beneficio y tendrá que cumplir la sentencia correspondiente. La parte perjudicada o víctimas del delito, de existir alguna, siempre serán escuchadas previo a que un juez conceda el desvío.

“El problema de criminalidad que vivimos en Puerto Rico tiene muchos componentes que deben atenderse desde distintos ángulos. Debemos brindar un programa de rehabilitación a aquellas personas que cometen delitos por razón de una dependencia a las drogas”, expresó el gobernador, en un comunicado de prensa.

Este proceso de desvío que es una alternativa adicional en el proceso de rehabilitación no aplicará a ningún caso de distribución de sustancias controladas, a los delitos violentos, los de naturaleza sexual, los delitos cometidos contra un menor de edad ni a delitos que conlleven penas de reclusión por un término mayor a 8 años.

La ley reconoce la adicción a sustancias controladas como un asunto de salubridad y brinda herramientas para que los adictos puedan rehabilitarse. 

Con esta medida se busca eliminar futuras conductas delictivas de estas personas que no son rehabilitadas actualmente en el sistema carcelario.

Por su parte, el representante Meléndez le agradeció que el gobernador que convirtiera en ley su proyecto porque “este cambio en la política pública permite enfocar esfuerzos en la rehabilitación en la dirección de cumplir con el mandato constitucional de rehabilitar. Desde la Cámara continuaremos trabajando para sensibilizar el procesamiento de las personas que sufren cualquier tipo de adicción”.