Las autoridades federales diligencian 13 órdenes de arresto en un operativo contra acusados por un fraude millonario contra el Seguro Social.

Así lo confirmó esta mañana Carlos Osorio, portavoz del Negociado Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés).

Osorio indicó que a cargo del operativo está la Oficina del Inspector General (OIG) del Seguro Social.

Agregó que el OIG diligencia 11 órdenes de arresto, mientras que el FBI tenía a su cargo dos órdenes de arresto.

“Es un caso de fraude al seguro social. Todos son beneficiarios. Esta vez no hay doctores”, dijo Osorio, al recordar casos similares en el pasado reciente.

Por su parte, el agente especial a cargo del OIG del Seguro Social en Puerto Rico, Manuel Rivera, indicó que el fraude es “millonario” y que la mayoría de los acusados eran comerciantes que se habían hecho pasar por incapacitados para recibir los beneficios de esa oficina federal.

“Usaron diferentes formas (de defraudar al Seguro Social). Muchos de ellos están trabajando en sus negocios cuando se supone que estaban incapacitados”, indicó Rivera.

“Para poder recibirlos, tienes que estar 100 por ciento incapacitado. Si estás trabajando, no lo estás. Sí hay algunos programas que te lo permiten, pero este no es el caso”, agregó.

Asimismo, explicó que los casos son individuales, pues no lo hicieron de manera coordinada, aunque no descartó que pudieran estar relacionados a doctores que hayan sido detenidos en operativos similares que se han realizado en el pasado reciente.

En comunicado de prensa, la fiscalía federal informó que, según los pliegos acusatorios, los pagos de beneficios indebidos fueron recibidos por Damaris Marrero Santiago e Isaías Díaz Torres por $254,100.90; Mariluz Rodríguez Rodríguez y Juan C. Rodríguez Miranda por $82,700.90; Roberto Padilla y Ednali Ramírez Maldonado por $317,083.40; Nancy Serrano Picón por $130,493.20; Edwin Maldonado Burgos y Consuelo Nunñez Serrano por $72,235.30; Elson Fernández por $77,647.50; Arnaldo Ramos Martir por $142,096.40; Minerva Carro Rivera por$311,976.10; y Luis “Wichy” Ávarez Ramos por $56,207.20.

Asimismo, la fiscalía federal informó que la acusada Serrano Picón también fue acusada por fraude al seguro médico, pues como parte de sus beneficios de incapacidad del Seguro Social, se hizo elegible para recibir beneficios bajo el programa Medicare, los cuales solicitó y recibió.

Los nueve pliegos acusatorios le imputan a los 13 acusados robar propiedad gubernamental, ocultar o no reportar actividad de trabajo al Seguro Social y hacer declaraciones falsas al Seguro Social. Los acusados, a sabiendas, engañaron, robaron y usaron para su beneficio los pagos de seguro por discapacidad del Seguro Social a los cuales sabían que no tenían derecho.

El caso está cargo de la fiscal especial asistente Vanessa D. Bonano Rodríguez.

Los acusados, se ser hallados culpables, se exponen a una pena máxima de 10 años de cárcel y multas de hasta $250,000. Los acusados se presumen inocentes hasta tanto se pruebe su culpabilidad.

La fiscalía federal hizo un llamado al público a reportar cualquier sospecha de fraude al Seguro Social a la línea especial del OIG del Seguro Social en Puerto Rico al teléfono 1-800-269-0271 o a la dirección electrónica https://oig.ssa.gov/report.