La fiscalía federal anunció este martes la radicación de cargos por los delitos de crimen organizado, tráfico de sustancias controladas y asesinato contra 50 miembros de la Asociación pro Derechos del Confinado (Ñeta).

La fiscal federal del distrito de Puerto Rico, Rosa Emilia Rodríguez Vélez, informó hoy durante una conferencia de prensa que la organización se dedicaba a introducir sustancias controladas y otro material de contrabando en las cárceles del país y fue contratada desde el exterior para cometer asesinatos de reclusos dentro de las prisiones.

Entre los asesinatos por los que fueron acusados figuran el del productor de música de reguetón Mario Montañez Gómez, de 37 años, alias Eme El Mago, ocurrido el 27 de agosto del 2014, en Anexo 1072 del Complejo Correccional de Bayamón.

En este caso se trató de ocultar el crimen atándole una sábana al cuello para fingir que se trataba de un suicidio. La víctima, estaba encarcelada tras ser sentenciada por los delitos de asesinato, soborno, robo y violaciones a la Ley de Armas.

El segundo asesinato que se les imputa ocurrió 6 de noviembre del 2014 cuando presuntamente asesinaron al notorio Alexis “El Loco” Rodríguez Rodríguez, de 25 años, en la Institución Ponce 500, en el complejo carcelario de Las Cucharas. “Alexis el Loco” había sido encarcelado por violar una probatoria por violación a la Ley de Armas y agresión contra unos agentes.

Por su parte, el agente especial a cargo del Negociado Federal de Investigaciones (FBI) Douglas A. Leff, dijo que el grupo operaba de una manera parecida a la de la mafia internacional más allá de ser una ganga de reos.

Rodríguez Vélez indicó que los miembros de la agrupación, que fue organizada en defensa de los derechos del confinado, operaba como una organización dedicada a la distribución a gran escala de cocaína, marihuana y heroína entre las cárceles del país.

El grupo operaba con la ayuda de oficiales del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR), personal civil que laboraba en las prisiones y visitantes de los confinados. Estos también introducían teléfonos celulares a los penales, agregaron los funcionarios federales. Dos oficiales de custodia figuran entre los acusados.

En la investigación participó el fiscal federal Víctor O. Acevedo y el DCR les ofreció apoyo.