Grandes retos para designada superintendenta
Lidiar con la deuda millonaria por pagos pendientes a agentes y combatir el alza en los asesinatos son parte de sus desafíos.
Nota de archivo: esta historia fue publicada hace más de 8 años.
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Llevar a feliz término la reforma iniciada hace casi cinco años en la Policía, cuando el Departamento de Justicia Federal demandó al Gobierno estatal por violaciones a los derechos civiles es uno de los principales retos que enfrentaría la designada nueva jefa de esa dependencia, Michelle M. Hernández Fraley.
Los nuevos arrestos de policías por violación de derechos civiles, las denuncias de grupos comunitarios por uso excesivo de fuerza y un devastador informe presentado el 11 de julio en el Tribunal Federal por el Asesor Técnico de Cumplimiento (TCA, por sus siglas en inglés), Arnaldo Claudio, han puesto recientemente en entredicho el verdadero avance de esa reforma.
En su informe semestral más reciente, el retirado teniente coronel del ejército de Estados Unidos reconoció ciertos avances como la presentación de los planes de acción, pero también emitió severas críticas a agencia en otros aspectos como el proceso desorganizado e irregular para los ascensos a rangos de inspector a coronel, lo que describe como un patrón de traslados de oficiales sin razón alguna, y el desempeño del Negociado de Drogas, Narcóticos, Control del Vicio y Armas Ilegales.
Hernández Fraley, durante los pasados dos años y medio, ha participado directamente desde su posición como Superintendente Auxiliar de en Educación y Adiestramiento en la Academia de la Policía de Puerto Rico, en la creación de currículos de adiestramientos para capacitar a los policías rotén y las armas de fuego. Esa gestión la destacó ayer como potencial clave para mejorar la agencia.
Mientras, tiene el reto de crear la Policía de la Comunidad que es un concepto de los años 70 que tendrá que atemperar a nuevos tiempos.
Además tendrá que animar a una Policía desmoralizada por recorte en sus beneficios y lidiar con la deuda millonaria que mantiene la agencia por años. El Gobierno aceptó que adeuda un total $270 millones por el concepto de ajustes salariales, solo en ese renglón.
Un reto adicional será frenar el alza 15.4% en los asesinatos.