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Grave manejo del 9-1-1

Por Daniel Rivera Vargas 05/18/2017 |09:00 a.m.
Irregularidades fiscales terminaron en señalamientos estatales y federales.
Torres Calderón indicó que empezó a detectar irregularidades en la dependencia tan pronto llegó al puesto este año porque “no había ni una reconciliación bancaria que nos dijera dónde estaba la agencia”. ([email protected])  

El director del 9-1-1, Héctor Torres Calderón, refirió al Departamento de Justicia (DJ) presuntas irregularidades cometidas en los pasados años en esa dependencia.

Según Torres Calderón, se han detectado fallas en las finanzas de la dependencia durante el pasado cuatrienio que implicó señalamientos de agencias federales y estatales, y hasta una auditoría. El referido a Justicia se presentó el pasado 10 de mayo, informó la agencia.

Entre las deficiencias presupuestarias más críticas, Torres Calderón denunció que el Fondo de Emergencia del 9-1-1 -dinero que debe estar en reserva para atender alguna catástrofe- se redujo durante el pasado cuatrienio de $38 millones a $2.4 millones; mientras que el presupuesto proyectado de $21 millones se redujo a $17 millones.

“No tenía dinero para operar la agencia”, dijo Torres Calderón. “Lo más grave es que si hay una emergencia en el país no hay chavos”, agregó. 

El señalamiento federal contra el 9-1-1 provino de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) y apareció en el informe anual de 2014 porque se sacaron $12 millones de un fondo de emergencias “para pagar viejas deudas gubernamentales”, según el informe federal. 

“Tres estados y Puerto Rico desviaron una porción de los fondos destinados al 9-1-1 para propósitos no relacionados a la seguridad pública”, reza el informe.

La sección 6 (f) 1 de la ley de seguridad pública y comunicaciones inalámbricas de 1999 dispone que “los fondos del 9-1-1 deben gastarse únicamente bajo el estatuto local de 9-1-1”.

Asimismo, la Oficina de Ética Gubernamental (OEG) ya hizo un señalamiento sobre la alta gerencia del 9-1-1. En septiembre de 2016, OEG presentó una querella contra el exdirector del 9-1-1, Roberto Fuentes Maldonado, por el uso del vehículo oficial para paseos turísticos e impuso una multa de hasta $20,000 por diversas violaciones a la Ley de Ética. La denuncia está actualmente en el proceso administrativo interno de OEG.

Fallas internas

Los señalamientos de malos manejos en el 9-1-1 no solo son de entes externos a esta dependencia, sino de auditores internos. Un informe del 22 de septiembre de 2015 de la Oficina de Auditoría y Procedimientos del 9-1-1 también detectó diversas irregularidades: el contrato de $869,000 para un sistema de alertas de emergencia mediante redes sociales, contratos de $159,200 en servicios de publicidad a pesar de la existencia de un memorando de Fortaleza en contra de esos gastos, y unos 13 empleados que recibieron salarios pagados en exceso que totalizaron $102,179.

La auditoría interna también reveló un aumento en la contratación de personal de confianza, pagos de nóminas sin controles adecuados, violaciones a la Ley 66 por aumentos de sueldo no autorizados, la filtración de grabaciones de llamadas de emergencia a medios de comunicación, manejo indebido de cerca de 50 querellas en contra de miembros de la junta del 9-1-1 y el uso de un vehículo oficial para asuntos personales por varias personas.

La directora de esa oficina, Verónica Muñoz Seguí, fue despedida cinco meses después de rendir el informe, y fue sustituida por Raymond Castillo, subdirector ejecutivo del 9-1-1, según una carta del entonces director ejecutivo Juan Morales Vargas. 

“Claro conflicto de interés”

Castillo era una de las personas señaladas en el informe por Muñoz Seguí como que usaba el vehículo oficial para fines personales lo que, según Torres Calderón, “es un claro conflicto de interés”.

“El efecto era la de tener al cabro velando las lechugas. Una persona objeto de la auditoría debía darle continuidad a la auditoría”, dijo Torres Calderón.

Asimismo, el funcionario censuró las liquidaciones por concepto de vacaciones y enfermedad que en medio de la actual crisis fiscal recibieron Morales Vargas, quien renunció a su cargo en noviembre y recibió por ese concepto $22,988.78, y su sucesor, Clemente Nazario, quien ocupó la dirección entre noviembre y diciembre del año pasado. 

En este último caso, Nazario por esas cinco semanas como director ejecutivo recibió $42,875, mientras de no haber ocupado ese puesto por esas semanas podría haber recibido unos $15,000 menos, según el actual director.

Torres Calderón no pudo identificar que esta liquidación fuera ilegal, pero sí entiende que es “inmoral”.

Se defiende exjefe de agencia

El exdirector del 9-1-1, Juan Morales Vargas, defendió su labor al frente de la agencia y dijo que las actuaciones que ahora se impugnan se hicieron “conforme la ley”.

Sobre los señalamientos federales, Morales Vargas dijo que él no era el director ejecutivo al momento de mover esos $12 millones, pero respondía a una ley de esa época que creó el fondo para el pago de demandas del gobierno de Puerto Rico.

Respecto a la querella de OEG sobre el uso del vehículo oficial por Fuentes Maldonado, su predecesor, Morales Vargas dijo no saber detalles porque fue previo a su llegada pero que no hubo uso indebido del vehículo bajo su incumbencia, al tiempo que rechazó un conflicto de interés con designar al subdirector imputado en una auditoría para dirigir la oficina de auditoría porque solo estaba a cargo del área administrativa.

El exdirector aclaró que el informe de auditoría nunca fue formalmente recibido por la junta de gobierno del 9-1-1 porque “no se siguió el debido proceso de ley”, pero que respondió con un informe de 733 páginas a los señalamientos. 

“Tenía cada uno de los documentos que aclaraban los señalamientos que, desconozco si fue por omisión involuntaria, no se incluyeron en el informe”, sostuvo.

Dijo también que el desembolso final de los contratos, como el de las alertas y el de publicidad, fue dentro de los parámetros establecidos por Fortaleza y la Ley 66. Asimismo negó gastos indebidos en persona.

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