Las dos organizaciones bonafide que representan a la mayoría del cuerpo de la Policía se comprometieron el jueves con el encargado de la Sección de Litigios de la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia de Estados Unidos, Luis Saucedo, a velar por el estricto cumplimiento de la Reforma de la Policía a pesar de que quedaron excluidos del proceso de la demanda.

Los presidentes del Frente Unido de Policías (Fupo) y de la Corporación Organizada de Policías y Seguridad (Cops), Diego Figueroa y Jaime Morales, respectivamente, se reunieron en la tarde del jueves con el funcionario, quien les hizo entrega de un compendio de 20 páginas del informe titulado "Acuerdo para la Reforma Sostenible del Departamento de la Policía de Puerto Rico", en el que se señalan los 11 puntos fundamentales que recoge el acuerdo.

 El miércoles, el juez federal Gustavo A. Gelpí ratificó el acuerdo suscrito por el secretario de Justicia federal, Eric Holder, y el gobernador, Alejandro García Padilla, que responde a la demanda presentada en diciembre pasado por el Departamento de Justicia federal contra el gobierno del ELA por la presunta violación de derechos civiles por parte de agentes del orden público estatal.

Las organizaciones quedaron fuera del proceso porque no se dieron por enteradas de la publicación de un aviso del Tribunal Federal en el que se informaba al público que toda entidad interesada en ser parte del asunto debía llenar una solicitud y entregarla antes de finalizar el mes de marzo, explicó Figueroa.

“Está comprometido (Saucedo) en velar porque se cumpla el acuerdo estrictamente, aunque no va a ser el monitor”, dijo Figueroa.

 El Gobierno desconoce con certeza cuánto costará poner en vigor el acuerdo, pero el secretario de Justicia Luis Sánchez Betances estimó el miércoles que durante los primeros dos años podría requerir de una inversión de entre $60 millones y $80 millones. Calculó que el costo disminuirá progresivamente a medida que se establezcan las bases de la reforma, y los cambios comiencen a tener efecto. Durante su visita a Puerto Rico, Holder anunció que el gobierno federal destinará $10 millones para impulsar el cumplimiento del acuerdo, y la administración de García Padilla incluyó $20 millones en el presupuesto recién aprobado con los mismos propósitos.

Por lo anterior, el líder de la Fupo anunció que se proponen solicitar al Gobierno que presente legislación para que obligue a la Policía a rendirle cuentas a las organizaciones policiacas reconocidas sobre el uso de los fondos asignados, ya que alega que durante años, bajo los diferentes gobiernos, las partidas millonarias que fueron designadas para adiestramientos, la compra de nueva flota, de equipos sofisticados y para salarios fueron desviadas para otros fines.

 Figueroa fue más allá al indicar que si esos fondos se hubiesen utilizado en las áreas para los cuales fueron asignados, hoy en día Puerto Rico tendría una Policía a la altura de la que pretende establecer el Gobierno Federal con la aprobada reforma.

 “La Policía de Puerto Rico sería el modelo que se presenta en la Reforma si durante las pasadas administraciones y gobierno se hubiesen utilizado las partidas de dinero millonarias para los fines que fueron destinados”, Figueroa, usó como ejemplo la asignación de $3 millones para la compra de uniformes que fueron empleados para el pago de horas extra hace varios años.

Además, advirtió que van a fiscalizar el uso de fondos públicos para los contratos que están por suscribirse como parte de la Reforma de la Policía.

 “Nos vamos a reunir con legisladores para obligar a la Policía a que le informe a los organismos bonafide del desarrollo de la Reforma de la Policía. No nos oponemos al plan, pero está fundamentado en una base incorrecta, bajo la premisa de que era la más corrupta de la nación. Firmaron una declaración de culpabilidad, aceptando y allanándose a que la Policía es eso”, declaró.

 A su vez, Figueroa aclaró que la Policía de Puerto Rico debe mantener por los primeros dos años consecutivos el cumplimiento estricto del acuerdo.

 Durante el encuentro, Saucedo les indicó que los policías tendrán la garantía de que las investigaciones administrativas se van a atender en un período de 180 días, que el plan de traslados se verá estrictamente de acuerdo a las listas y que los ascensos van a ser efectuados mediante guías éticas, tomando en cuenta experiencia y conocimiento.

 El funcionario tampoco conocía, según Figueroa, de la existencia de la Comisión de Investigación, Procesamiento y Apelación (CIPA), donde se apelan los resultados de las pesquisas administrativas de la agencia que pueden tardar en promedio 5 a 6 años en atenderse y lo oneroso que resulta en casos en los que tienen que pagar retroactivamente al Policía por una acusación injustificada.

 “Nos dijo: nosotros no vamos a entrar en nada que tenga que ver con el dinero que se les debe, ni en los sueldos, eso no nos compete. Tampoco hay promesa de inversión, el dinero tiene que ser identificado en programas de Estados Unidos y solicitarlos”, sostuvo Figueroa.

 Figueroa aseveró que es urgente que se le explique a los supervisores y a los policías el alcance de la Reforma ya que existe un gran desconocimiento entre sus filas sobre el contenido de los acuerdos.

 “Nosotros no estamos en contra del plan. Si esto lo hacen estrictamente como dicen, la Policía se va a beneficiar grandemente. Si se hace tal y como está (suscrito el acuerdo), con un líder que quiera trabajar por la historia de nuestro país, un líder que no piense en cuanto dinero puede sacar en contratos”, comentó Figueroa.

 El presidente de FUPO recordó que en el año 2011, se reunieron con el licenciado Saucedo para plantearle que los miembros de la Policía habían sido víctimas también de violación de derechos civiles por parte de la agencia durante años. Además, dijo que durante ese encuentro cuestionó el hecho de que no se les permitiera a los policías señalados en el informe por la violación de derechos civiles contra ciudadanos a presentar evidencia, aún cuando alegadamente en un 75% de los casos habían sido exculpados de las acusaciones en su contra.