El juez Rafael Jiménez encontró hoy, viernes, causa para el arresto de Antonia Rodríguez Morales, a quien se le presentaron cargos por evasión de impuestos.

La exadministradora del Grupo Médico IPA-341, de Naranjito y Corozal, fue acusada por no reportar al gobierno ingresos que rondan un millón de dólares, indicó el Departamento de Hacienda.

Según las autoridades, Rodríguez Morales no presentó planillas de contribución sobre ingresos para los años de 2008 al 2011.

Hacienda informó en un comunicado de prensa que una investigación realizada por la fiscal Lourdes Acevedo, de la División de Integridad Pública, Delitos Económicos y Asuntos del Contralor de Justicia, demostró que el patrono de la imputada envió al Departamento de Hacienda las declaraciones de ingresos correspondientes a los años contributivos antes mencionados. 

Durante ese periodo, Rodríguez Morales generó ingresos por concepto de salarios, liquidación de vacaciones y enfermedad, bono de Navidad e incentivos.

En el año contributivo 2009, la corporación que prestaba servicios de salud a participantes de programa de salud gubernamental envió a Hacienda la evidencia de salarios pagados a Rodríguez Morales ascendentes a $152,279.54. Asimismo, para el año contributivo 2010 hicieron lo propio al evidenciar el pago de salarios por $213,792.66. Finalmente, para el año contributivo 2011, remitieron evidencia de salarios pagados por la suma de $164,539.59, para un total de $530,611.59 en los tres años.

La investigación reflejó que la también exsecretaria del citado grupo médico utilizó un total de $138,031.19 en un hotel de la capital, agregó la agencia estatal en un comunicado de prensa. 

Del mismo modo, se pudieron identificar ingresos adicionales no informados en los formularios W-2 y 480.6 radicados en Hacienda, los cuales suman $121,708.82.

Por el esquema antes expuesto se presentó un cargo por violación a la Sección 6049 (D) del Código de Rentas Internas de 1994 y dos cargos por violar la Sección 6030.11 (D) del Código de Rentas Internas del 2011.

El juez Jiménez le impuso a la mujer una fianza $15,000. La vista preliminar fue pautada para el próximo 22 de abril.

De encontrarse culpable, la imputada podría cumplir desde tres años y un día hasta ocho años de cárcel por cada cargo.