La Oficina del Contralor de Puerto Rico dio a conocer ayer un informe sobre el municipio de San Juan en el que concluye que resoluciones aprobadas por la Legislatura Municipal -relacionadas con actividades multitudinarias en las que se usaron fondos públicos- eran “ambiguas” porque carecían de detalles y claridad en su  fin público y en  el máximo de dinero  a usar. 

En el documento titulado “Resultado de la investigación de cuatro querellas sobre el uso de fondos públicos en actividades multitudinarias en el Municipio de San Juan al 11 de noviembre de 2016”, se pasó juicio sobre 22 actividades realizadas entre el 27 de febrero y ese 11 de noviembre, que resultaron en un  gasto de $288,803. 

“Las resoluciones aprobadas por la Legislatura Municipal para realizar las actividades mencionadas no eran detalladas y carecían de claridad en cuanto al fin público y el máximo de fondos públicos a utilizarse, si alguno, por lo que resultaban ser ambiguas con respecto a las actividades a atenderse y a los fondos públicos autorizados”, dice el informe aprobado por la contralora Yesmín Valdivieso.   

En primer lugar, se trata de actividades en las que se gastaron $266,143 para:  un homenaje a los Borinqueneers ($156,866), excarcelación de un ciudadano ($73,613), eventos en contra de la Junta de Supervisión Fiscal ($16,765), una vigilia musical en contra del Naled ($14,639) y una marcha multitudinaria contra el IVA ($4,260). Para el resto del dinero  usado, $22,600, no se aprobaron resoluciones u ordenanzas. En ese caso, las actividades  apoyadas fueron marchas por la equidad de la comunidad LGBTT y de Clamor a Dios.    

En el documento se le  exhorta a   Cruz y a la Legislatura Municipal a que “le den prioridad a las necesidades apremiantes de su municipio y que realicen resoluciones detalladas y claras. De esta manera, prevalece la transparencia que debe existir en tiempos de crisis fiscal como los que atraviesa nuestro país”. Además, se le recomienda a la alcaldesa que se asegure de presentar y firmar resoluciones que sean “detalladas y claras, en cuanto a la asignación y uso de fondos públicos a utilizarse, si alguno”. 

Cruz reaccionó en una comunicación escrita al decir que “siempre hay espacio para mejorar y habremos de evaluar, con el propósito de implantar, la recomendación de incluir datos adicionales en las ordenanzas municipales”.

Agregó  que los $288,803 no representan ni 1%  del gasto público.

También destacó  que  “el informe refleja que no hubo desviaciones de Ley, por lo tanto, no hubo referidos producto de la investigación”.