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Héctor Martínez y Juan Bravo piden revocación del veredicto del jurado

11/02/2012 |
Los abogados Martin Weinberg y Abbe Lowell argumentaron que el ex senador Héctor Martínez no era un funcionario del Gobierno como define el estatuto 666. ([email protected])  
El cuestionamiento sobre la jurisdicción fue uno de los principales argumentos que se levantaron.

El ex senador Héctor Martínez Maldonado y el empresario Juan Bravo, quienes han cumplido siete meses de una condena de cuatro años por cargos de soborno y conspiración, solicitaron ayer a un panel de jueces del Tribunal de Circuito de Apelaciones de Boston que se revoque el veredicto del jurado.

Sus abogados, Abbe Lowell y Martin Weinberg, retaron en una vista oral celebrada ayer en la Corte Federal del Viejo San Juan el estatuto 666, bajo el cual se reclamó la jurisdicción federal ante los jueces Georgerie Thompson, Kermit Lipez y Jeffrey Howard.

El cuestionamiento sobre la jurisdicción fue uno de los principales argumentos que se levantaron.

Lowell, abogado del ex senador, argumentó que su cliente no era un funcionario del Gobierno como define el estatuto 666, que es el que da la jurisdicción para estas acusaciones.

El letrado alegó que Martínez no es un funcionario del Gobierno, sino de la Rama Legislativa y rechazó el hecho de que un centro de cuido que hay en la Legislatura, que opera con fondos federales, convirtiera a Martínez en un funcionario del Departamento de Educación para aplicarle el estatuto.

La intención del Congreso al aprobar esta ley, según Lowell, no fue para aplicarse en asuntos de corrupción local o estatal.

“El Gobierno lo sacó fuera de contexto. El Gobierno lo trajo cuando no existe ninguna conexión de estos hechos con los fondos federales”, dijo Lowell.

El letrado expuso, además, que el fiscal de la División de Integridad Peter Koski no probó que el viaje que Bravo le pagó a Martínez para la pelea de “Tito” Trinidad en Las Vegas fue a cambio de que el senador impulsara las medidas de detectives privados y de centros comerciales.

Por su parte, Weinberg, abogado de Bravo, expuso al panel de jueces que hubo innumerables errores que llevaron a la convicción de su cliente. Alegó que las instrucciones del juez Francisco Besosa fueron malas y el jurado no pudo distinguir lo que es soborno y lo que es “cultivar una amistad”.

Koski, por su parte, argumentó que el estatuto 666 incluye a los funcionarios del Gobierno y que claramente tanto Martínez como el convicto ex senador Jorge de Castro Font eran miembros de la Rama Legislativa del Gobierno de Puerto Rico cuando aceptaron el viaje por parte de Bravo para ir a Las Vegas con todos los gastos pagos.

“Usaron sus votos en el Estado (para impulsar y aprobar legislación). De Castro Font usó su poder. Ambos invitaron a Bravo a las vistas (en las que se discutió la medida)”, dijo Koski.

A De Castro Font se le radicó este cargo, pero hizo alegación de culpa mediante un acuerdo con el Gobierno.