La defensa del exsenador Héctor Martínez Maldonado y el empresario Juan Bravo Fernández emitió una moción solicitándole al juez federal Francisco A. Besosa que regrese a su orden original de absolver a ambos del cargo de soborno basado en que los acusados no pueden ser procesados dos veces por el mismo delito, lo que se le conoce como "double jeopardy".

El planteamiento de los abogados Sonia I. Torres Pabón y José A. Pagán es en relación a una clarificación que hiciera Besosa luego de que la fiscalía federal, representada por Peter Koski, solicitara que se aclarara el dictamen para que estableciera que el cargo de soborno se quedara sin efecto, por lo que podrían volver a enjuiciarlos.

Los abogados del exsenador novoprogresista y del entonces presidente de la compañía de seguridad Ranger American recordaron que el Tribunal del Primer Circuito de Apelaciones de Boston determinó el 25 de octubre pasado que "una sentencia absolutoria deberá emitirse para el acusado Martínez por el cargo de conspiración, del acusado Bravo por la convicción por conspiración, y de ambos acusados por las convicciones de la sección 666 (soborno)".

"Después de un viaje de hace tres años, de interdicto, juicio, veredicto, apelación, revés y sentencia absolutoria este caso debería darse por terminado", indicaron.

La defensa sostiene que no era necesario una aclaración y que el juez no les permitió expresarse una vez entró la moción de fiscalía federal.

"La corte constitucionalmente tiene que restablecer la absolución de la sección 666 para los dos acusados", lee la moción de la defensa.

En junio pasado, el Tribunal del Primer Circuito de Apelaciones de Boston determinó desestimar los cargos y la semana pasada bajó la orden que "constituye el mandato formal de esta corte", por lo que Besosa debería ordenar la sentencia absolutoria de ambos, lo que hizo el viernes pasado.

Fiscalía federal tiene 90 días para pedir un recurso de certiorari al Tribunal Supremo federal.

Martínez Maldonado y Bravo Fernández fueron encontrados culpables en marzo de 2011 por cargos de conspiración y soborno relacionados a un viaje a Las Vegas para ver una pelea de boxeo del púgil boricua Félix "Tito" Trinidad. Se alega que el empresario invitó al entonces presidente de la Comisión de Seguridad Pública del Senado a cambio de la aprobación de leyes que le convenían a la industria de seguridad.

El Circuito de Apelaciones revocó la convicción en junio pasado por entender que el juez erró al impartir las instrucciones al jurado porque se dio a entender que el exlegislador recibió una regalía para favorecer al coacusado, pero aclara que eso no es penalizado por las leyes federales.