Aunque satisfechos tras transar una demanda contra el Gobierno de Estados Unidos en la que reclamaban una indemnización por pérdida económica y daño emocional, familiares de Mario Torres Marín, uno de los fiscales que falleció cuando viajaba en un helicóptero de la Guardia Nacional como parte de un operativo federal, aún reclaman explicaciones sobre lo que realmente provocó el accidente que cobró la vida de seis personas.

La demanda, presentada por el hijo de Torres Marín, de 11 años, y demás familiares, solicitaba una indemnización de $6 millones por la pérdida económica y daño emocional del menor. Las partes llegaron a una transacción confidencial que se vio ayer a puerta cerrada en la sala del juez federal Francisco Besosa.

Al salir de la sala de Besosa, Rebecca Ramos Colón, ex esposa de Torres Marín y madre del menor, aseguró que la herida aún sigue abierta y que su hijo reclama explicaciones al incidente.

“No es como cerrar un capítulo. El que se haya transigido un caso no es como que no haya que lidiar con mi hijo, que apenas tiene 11 años... Esto es un día a la vez”, manifestó Ramos Colón.

“Tengo la esperanza de que en algún momento la Guardia Nacional nos entregue el informe que nos han prometido. Más allá de transar un caso, necesitamos que la Guardia Nacional sea responsable y cumpla con su palabra. Las preguntas de mi hijo siguen. Él quiere saber qué pasó y merece una respuesta”, dijo Ramos Colón.

Según la demanda, el 20 de diciembre de 2010, el entonces fiscal de la División de Crimen Organizado participaba en un operativo federal en conjunto con las autoridades estatales denominado Nuevo Amanecer en Vieques. El helicóptero partió desde Ceiba, rumbo a Vieques, a las 7:30 p.m., pero se estrelló en el mar cerca de Río Grande.

La demanda es por muerte por negligencia (establecida en las leyes federales como wrongful death). En el recurso, la familia alega que las autoridades federales ordenaron que el helicóptero partiera aun cuando había riesgo de viaje porque las condiciones del tiempo estaban deterioradas, no se había entrenado a los pilotos a usar anteojos de visión nocturna y la nave había sido modificada. Además, se reclama que al helicóptero se le removió el sistema del acondicionador de aire para que cupiera más gente, por lo que estaba más susceptible a las variaciones de las condiciones del tiempo y que los motores no estaban diseñados para transportar más cantidad de pasajeros sin aire acondicionado, por lo que se sobrecalentaron.

“El demandado ordenó que el helicóptero saliera, arriesgando la vida de sus tripulantes... No hay duda de que la negligencia de la parte demandada de autorizar que la operación procediera bajo severas condiciones del tiempo, con equipo deficiente, entrenamiento inapropiado o ninguno, y ordenar la modificación del helicóptero causaron el fatal accidente”, agregan los demandantes en el recurso sometido el 31 de diciembre de 2012.

Tras concretarse el acuerdo en corte, la compañera al momento del suceso de Torres Marín, la también fiscal Mibari Rivera Sanfiorenzo, se mostró esperanzada y tranquila.

“Cerramos el capítulo. Sé que Mario va a estar contento con lo que expresó el juez y sus determinaciones en sala. Él siempre cuidaba a su hijo; ahora desde el cielo lo sigue cuidando. Es un angelito que tenemos nosotros”, dijo quien es también la presidenta de la Asociación de Fiscales.

No obstante, lamentó que aún no tengan toda la información de lo que ocurrió.

“Es triste que no se conozcan detalles de lo ocurrido. Dadas las circunstancias, no sé si se van a conocer. Pero me siento tranquila, y el juez habló bellezas de él, de la última vez que estuvo en su sala, que fue una pérdida para los federales cuando regresó a la estatal. Habló bien bonito y en español para que todos lo entendieran. Estamos tranquilos y ahora Mario descansa en paz”, expresó Rivera Sanfiorenzo, quien recordó que Torres Marín estuvo en destaque como fiscal federal desde junio de 2009 hasta julio de 2011.

Por su parte, el licenciado Emil Rodríguez Escudero, uno de los abogados de la parte demandante, explicó que se mantuvieron en comunicación con el Gobierno federal, y se logró una transacción, con la cual “todo el mundo queda satisfecho”.

“El aspecto emocional sigue, pero por lo menos el menor va a estar cubierto, va a estar protegido”, señaló Rodríguez Escudero.

Además del menor, Ramos Colón y Rivera Sanfiorenzo, también eran demandantes los padres del fiscal, Américo Torres Sánchez y Myrta Ivonne Marín, y sus hermanos, Javier Torres Marín y Mariel Torres.

El año pasado, un informe preliminar del Centro de Preparación para el Combate del Ejército de Estados Unidos (USACR/Security Center) halló que “el liderato (de la Guardia Nacional) falló”.

En el accidente fallecieron el coronel Víctor Torres Rodríguez, segundo en mando de la Guardia Nacional de Puerto Rico; el oficial técnico Héctor Ramírez; Carlos Acevedo, el piloto de la nave y oficial técnico 2; el piloto jefe de la tripulación, José Omar Sostre; y los fiscales Torres Marín y Francisco Mújica de León, ambos de la División de Crimen Organizado de Justicia.