La defensa de Hilton Cordero Rosario, convicto por posesión de pornografía infantil, planteó al Tribunal Federal Sala de San Juan que no es necesaria la presencia de su cliente en la vista de supresión de evidencia del caso, pautada para el próximo 13 de abril ante la magistrada Silvia Carreño Coll.

El licenciado José Nieto Mingo sometió una moción solicitando que se deje sin efecto una petición de habeas corpus radicada por la Fiscalía federal para que el Negociado Federal de Prisiones (BOP, por sus siglas en inglés) y los alguaciles federales hicieran las gestiones para trasladar a su cliente desde la institución de mínima seguridad Oakdale I, en Luisiana, hasta la Isla para la vista, por entender que no es requerida su presencia.

La citada vista de supresión de evidencia está pautada por mandato del Primer Circuito de Apelaciones de Boston, que en mayo de 2015 determinó que evidencia encontrada en la computadora de Cordero Rosario podría estar "contaminada" por los allanamientos que hizo la Policía de Puerto Rico y no debió de ser admitida.

La determinación en el caso del excomisionado de la Policía Municipal de San Juan fue a raíz de la apelación que presentó Nieto y la licenciada Melanie Carrillo, quienes indicaron que dos registros que la Policía hizo para la incautación de la computadora de su cliente y otros efectos no se hizo correctamente porque el segundo registro no fue autorizado Cordero Rosario. El mismo, sin embargo, fue avalado por su ex esposa, Deborah Martorell. El foro apelativo decidió que debe llevarse a cabo una vista para que se determine cuál de toda la prueba fue contaminado y debe ser suprimida.

El juez federal Gustavo A. Gelpí solicitó que la magistrada vea la vista y le haga una recomendación al respecto.

El fiscal federal Marshal D. Morgan adelantó el año pasado que la evidencia incautada en la computadora no es la única prueba que tienen en contra de Cordero Rosario, sino que también encontraron 89 imágenes sexualmente explícitas de una menor en un disco duro externo de computadora que fue entregado voluntariamente a las autoridades federales por Martorell, el 21 de abril de 2011. Aclaró que el mismo no fue ocupado por la Policía en los allanamientos que realizaron el 4 y 25 de febrero de 2011 en la residencia donde el convicto vivía con su entonces esposa y sus dos hijas.

En esa moción, el fiscal recordó que el 4 de febrero de ese año, el Departamento de la Familia solicitó una orden de protección para la menor aplicable a Cordero Rosario por alegación de actos sexuales en su contra. 

De la moción se desprende que entre el 25 de febrero y el 15 de abril de 2011, las autoridades locales mostraron a Martorell las fotos de la menor que encontraron en la computadora de Cordero Rosario y la identificó como una vecina que era amiga de su hija mayor.

A los agentes federales, Martorell les dijo que Cordero Rosario le indicó en un momento dado que si encontraba imágenes sexualmente explícitas de menores en la computadora, era porque estaba asistiendo a la Oficina de Seguridad Interna del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE-HSI) en una investigación de pornografía infantil. Fue entonces que les dio el consentimiento a los agentes del ICE-HSI de examinar la computadora, que fue allanada previamente por oficiales estatales.

El 2 de mayo de 2011, basado en el consentimiento de Martorell, analizaron el disco duro de la computadora de la casa y encontraron imágenes de pornografía infantil de la vecina, a quien luego entrevistaron.

La joven relató que cuando tenía entre 13 y 18 años, Cordero Rosario le pedía que caminara por su apartamento en ropa interior para él verla por el balcón, y le pagaba entre $60 y $80. Luego le dio $100 para comprar teléfonos prepagados para que se tomara fotos desnuda y se las enviara, pero sus padres se los rompían al ella no decirle de dónde venía el dinero. El hoy convicto volvía a darle dinero para que comprara otro, según se alegó.

De la entrevista surge que Cordero Rosario le pagaba entre $100 y $600 en efectivo por las fotos y mientras más sexualmente explícita fuesen, más dinero le pagaba. También le dio una cámara digital para que se tomara fotos y se las entregara. En el disco duro ocupado, encontraron 76 imágenes de la entonces menor que fueron tomadas con la cámara. La joven alegó que una o dos veces a la semana se reunía tarde en la noche en el apartamento de él, donde le pagaba. En ocasiones la sentaba en su falta y cometía actos lascivos mientras le mostraba pornografía de adultos.

El 1 de febrero de 2013, Cordero Rosario, de 55 años, hizo alegación de culpabilidad por posesión de pornografía infantil que contenía en un disco duro que era parte de la computadora de la familia, que fue confiscada por la Policía de Puerto Rico el 4 de febrero de 2011. Fue sentenciado por el juez Gelpí el 18 de noviembre de 2013 a 10 años de cárcel y 15 años de libertad supervisada, y a restituir $48,675 a la perjudicada. El convicto, quien pidió perdón por su conducta durante la vista de lectura de sentencia, tiene pautado salir de prisión el 22 de agosto de 2020.