Puerto Rico se convirtió en el escenario del operativo más grande realizado por el Negociado Federal de Investigaciones (FBI) en contra de la corrupción policiaca desde los 102 años de su fundación.

Más de mil empleados del FBI, entre ellos cerca de 750 agentes que llegaron a la Isla desde distintas localidades estadounidenses, ejecutaron órdenes de arresto contra 133 oficiales del orden público, guardias nacionales, empleados gubernamentales y civiles.

En un acto sin precedente, la jefa de los fiscales federales en Puerto Rico, Rosa Emilia Rodríguez, acompañó al fiscal general de Estados Unidos, Eric Holder, en la conferencia de prensa que dio a conocer los resultados del operativo Guard Shack (Caseta de Guardia) y que fue reseñada a nivel internacional. Holder llegó a expresarse en español para subrayar el respaldo del Gobierno federal al pueblo puertorriqueño.

“Mientras ustedes continúan su lucha contra el tráfico de drogas, el crimen violento y la corrupción, nosotros continuaremos apoyándolos. La gran mayoría de los oficiales de ley y orden en Puerto Rico son honestos y trabajadores. No vamos aceptar que las acciones corruptas de algunos destruyan el buen trabajo de la mayoría o el progreso alcanzado por el cual se ha trabajado con tanto empeño. La gente de Puerto Rico merece algo mejor. Nuestra lucha para garantizar la seguridad de las personas y la integridad pública continuará. Con su ayuda, lo vamos a lograr” , dijo Holder.

La investigación que culminó en la gran redada de ayer tuvo su origen en la Policía estatal de Vega Alta. Se pudo determinar que los agentes actuaban por referidos de otros agentes corruptos. No se pudo identificar un cabecilla, aunque el teniente Ángel Torres Figueroa presuntamente gestionó el reclutamiento de muchos de los agentes que figuran en los voluminosos pliegos acusatorios. Torres Figueroa, el arrestado de mayor rango, era teniente del precinto de Toa Baja, pero los hechos que se le imputan ocurrieron cuando trabajaba en Vega Alta.

Entre los arrestados figura el sargento Abraham González Sánchez, hermano del padre del niño Lorenzo González Cacho, que facilitó transacciones encubiertas tras ser activado para realizar patrullaje preventivo como militar de la Guardia Nacional.

Rodríguez subrayó que los arrestos evidencian la manera en que los tentáculos del narcotráfico han alcanzado a la Policía estatal y Policía municipal. “Los héroes invisibles de este caso son los oficiales de la Policía de Puerto Rico que colaboraron en esta investigación y que rehusaron tolerar la corrupción que presenciaron”, indicó Rodríguez.

“Placas fueron vendidas y el honor se comprometió por el dinero del narcotráfico. Pero los arrestos también representan un rayo de esperanza ante el narcotráfico y la violencia que ésta genera en Puerto Rico”, añadió Rodríguez.

Por su parte, el director ejecutivo del FBI, Shawn Henry, subrayó que el operativo fue el más grande en la historia del FBI por la cantidad de arrestos de policías y la logística que conllevó la movilización de los agentes federales en Puerto Rico. Se estima que agentes y personal de 30 oficinas de distrito del FBI participaron en el operativo.

“El pueblo estadounidense cada vez tienes menos tolerancia para la corrupción pública”, sostuvo el alto funcionario federal, que encomendó la asistencia que su agencia recibió de la Policía de Puerto Rico.

Las autoridades federales aseguraron que el golpe de ayer frustrará operaciones de narcotráfico en Puerto Rico, pero la investigación, que se extendió entre el 26 de julio de 2008 hasta el 21 de septiembre de 2010, también abrió una caja de Pandora en términos de otras posibles pesquisas criminales que se podrían realizar en la Uniformada.

En las transacciones ilegales se captó a policías hablando sobre un asesinato supuestamente cometido por uno de ellos, en que se enterró a una persona en cal, el reemplazo de cañones de armas para despistar investigaciones criminales, el robo de armas y radios portátiles de la Policía, la obtención de balas tipo cop killers en el bajo mundo, entre otros asuntos que serán referidos a las autoridades estatales.

El director del FBI en Puerto Rico , Luis Fraticelli, instó a realizar reformas en la Policía, muchas de las cuales el superintendente José Figueroa Sancha indicó que habían sido implantadas. “Hoy es un día triste en la historia de Puerto Rico. La evidencia disponible no podría ser más contundente. Se necesitan hacer cambios radicales para sacar de raíz el serio problema de corrupción”, dijo.