Señalamientos sobre falta de controles en su inventario de armas de fuego, así como en asuntos administrativos y en el desembolso de dinero para las pesquisas se le imputaron al Negociado de Investigaciones Especiales (NIE) del Departamento de Justicia en un informe de la Oficina del Contralor.

Una auditoría que cubrió el periodo fiscal del 1 de enero de 2010 al 31 de diciembre de 2013 detectó “hurtos o pérdidas de armas de fuego no informados”, entre otras fallas, consignados en un informe publicado este viernes.

El documento señala que desde el 1 de noviembre de 2009 el NIE no tenía un encargado de propiedad para mantener “control y la contabilidad de la propiedad”. A raíz de la situación, según el informe, no se realizaron inventarios de propiedad de 2010 al 2013, ni de las armas de fuego entre los años 2011 al 2012.

La contralora Yesmín Valdevieso destacó que el actual encargado de la Propiedad de Armas de Fuego no contestó las diferencias que existían entre el inventario de armas que tenía el Departamento de Hacienda con el del NIE.

Fue entonces que la auditoría cuestionó la ubicación de 83 armas, las cuales costaron $84,598 y están en el inventario del Departamento de Hacienda, pero no así en el inventario físico del NIE.

“Al 31 de diciembre de 2013, el Negociado no mantenía un registro para el control de los casos sobre pérdidas o irregularidades relacionadas con los fondos o los bienes públicos”, detalla el informe del Contralor.

La auditoría también destaca que en el NIE se registró una falta de controles con el dinero que se les asignaba a sus agentes para realizar investigaciones.

Asimismo, se detectó que había “conciliaciones bancarias preparadas incorrectamente, remitidas con tardanzas al Departamento de Hacienda, y faltas de control relacionadas con los cheques en blanco, así como funciones conflictivas del gerente de Transportación, y deficiencias en la adquisición de servicios para el mantenimiento y la reparación de los vehículos de motor.

El informe no establece que se le haya referido al Departamento de Justicia los hallazgos para indagar si se puede procesar criminalmente a alguna persona por las irregularidades detectadas. Solo se establece que se le remitió al secretario César Miranda para que contestara los señalamientos.

Justicia se defiende

El secretario de Justicia, César Miranda, indicó en declaraciones escritas que las 83 armas identificadas en el mencionado informe como perdidas “fueron transferidas a otras agencias de ley y orden previo al 2010”. Agregó que las conciliaciones bancarias señaladas fueron subsanadas en el 2013.

“Con relación al Informe de Auditoría del periodo de 1 de enero de 2010 al 31 de diciembre de 2013 realizado por la Oficina de la Contralora al Negociado de Investigaciones Especiales, es preciso aclarar que las 83 armas identificadas como perdidas fueron transferidas a otras agencias de ley y orden previo al 2010. Lo que se identifica que ocurrió es que dichas transacciones no fueron notificadas al Departamento de Hacienda durante ese periodo.  Tan pronto la actual directora del Negociado, la licenciada Brenda León, detectó esta situación a su llegada en 2013, procedió a tomar las medidas de rigor para la notificación de las referidas transferencias al Departamento de Hacienda”, señaló Miranda en una comunicación enviada a este diario.

 El funcionario agregó que una vez la directora del NIE “advino en conocimiento de la ausencia de un registro de irregularidades y de manejo de propiedad y fondos públicos, creó el mismo para octubre del 2013. En el referido registro se incluyeron las armas de fuegos que inicialmente se identificaron como perdidas, pertenecientes a los años 2009, 2011, 2012 y las correspondientes al 2013”.

 En cuanto a los señalamientos sobre las conciliaciones bancarias, indicó que las mismas se refieren a transacciones que comenzaron en el 2008 y que fueron subsanadas en el 2013. Según Miranda, actualmente “las conciliaciones bancarias se realizan conforme a la reglamentación creada para estos propósitos”.

 “A partir del 2013 se han tomado todas las medidas necesarias para garantizar la transparencia del manejo de fondos confidenciales. Sobre el contenido del informe que se refiere a transacciones del 2009 al 2012, podemos establecer que se han tomado todas las medidas necesarias para que lo señalado no se repita. Los demás señalamientos administrativos del periodo antes mencionado también han sido atendidos”, puntualizó el funcionario.