Con hora y media de atraso, arrancó la vista preliminar que se sigue en el Tribunal de San Juan contra Luz Nereida Laboy Santos, exayudante de la coordinadora general de la Oficina de Comunidades Especiales (OCE), por tres violaciones a la Ley de Ética Gubernamental.

Las alegadas infracciones a este estatuto ocurrieron cuando la exfuncionaria supuestamente obtuvo para su uso personal un vehículo del dueño del edificio que la dependencia alquilaba y utilizaba como sede de la OCE en Santurce.

La jueza Laura Lis López Roche se disponía a posponer el proceso al filo de las 4:00 p.m. cuando el fiscal Rodolfo Ocasio Bravo entró a la sala 606.

Ocasio Bravo tenía dos vistas preliminares a la misma hora, una en el Tribunal de Carolina, ante el juez Jorge Toledo Reyna, y la vista preliminar en San Juan.

“Ni se comunicó con el tribunal”, soltó la magistrada cuando Ocasio Bravo y el licenciado Antonio Bauzá se acercaron al estrado.

“Me comuniqué con Carolina y me dijeron que usted había salido a las 3:00 p.m. ¿Cogió tapón?”, agregó López Roche.

Inmediamente excusó a la mayoría de los testigos y los trabajos iniciaron con el contrainterrogatorio a Ivette Hernández Adorno, la auditora que realizó una investigación sobre la compra del vehículo.

A preguntas del licenciado Bauzá, Hernández Adorno afirmó que no “desconocía” si Ángel Álvarez Lau, presidente de DAM Corporation y Multiservices Corp, le había vendido la guagua Ford Windstar del 2001 al esposo de su clienta, Luis Márquez Ruiz, con un descuento.

DAM Corporation y Multiservices Corp arrendaban dos edificios a la Oficina de Comunidades Especiales.

Pese a que Linda Colón, firmó los contratos de arrendamiento y era la jefa de Laboy Santos, Hernández Adorno respondió que no encontró “relevante” entrevistarla como parte de la auditoría que realizó tras una designación de su jefe, el excontralor Manuel Díaz Saldaña.

Este último realizó la designación tras recibir una querella de Julia Torres, excoordinadora general de la OCE bajo la administración del exgobernador Aníbal Acevedo Vilá, alertando sobre la acción de la empleada.

Luego del breve contrainterrogatorio, Álvarez Lau ocupó el banquillo de los testigos.

Relató que alquiló el edificio localizado en la Avenida Fernández Juncos en Miramar a Colón y que los trámites se realizaron en la Fortaleza.

“La factura se preparaba y se entregaba en la oficina de finanzas”, indicó Álvarez Lau sobre el proceso de cobro.

El cheque lo recogía “abajo o en la recepción”.

En ocasiones Álvarez Lau también pareció confundido ante la larga y rebuscada forma de preguntar del fiscal Ocasio Bravo. Ese regodeo, a su vez, llevó a la jueza López Roche a pedirle al fiscal que fuera directo al grano en varias ocasiones porque no entendía la pertinencia de sus largos preludios.

La vista preliminar continúa el 17 y el 31 de octubre.

Actualmente Lamboy Santos se encuentra libre bajo una fianza de $3,000 luego que un juez encontró causa para su arresto por infracciones a los artículos 3.2 (c), 3.3 (b) y (c) de la Ley de Ética Gubernamental.

El apéndice c del Artículo 3.2 impide que un funcionario o empleado público utilice el cargo para recibir beneficios o privilegios, que no estén permitidos por ley, mientras que los apéndices b y c del 3.3 establecen que ningún funcionario o empleado público mantendrá relaciones contractuales de negocio con una persona o entidad que esté reglamentada por o que haga negocios con la agencia gubernamental para la cual trabaja.