Hoy arranca el juicio contra el gerente de seguridad del municipio de Carolina, Juan Ortiz Crespo quien está acusado de violación a la Ley de Ética por alegadamente sostener relaciones sexuales forzadas con una empleada civil en su oficina.

También enfrenta un cargo menos grave de acoso sexual laboral.

Una de las primeras cosas que se discutirá durante el proceso ante la jueza Berthaida Seijo Ortiz -tal y como lo adelantó su abogado Michael Corona Muñoz- es una moción de supresión de evidencia.

El representante legal argumenta que el registro que se hizo en la oficina del Ortiz Crespo, quien responde directamente al alcalde José Aponte Dalmau, fue ilegal ya que debía mediar una orden judicial que nunca se produjo. Corona Muñoz dijo en su escrito que tampoco procedía la incautación del celular del gerente de seguridad, por la misma razón.

“(La) oficina era para uso exclusivo del Sr. Ortiz Crespo como parte de su trabajo y se requería una orden de allanamiento  para entrar a la misma y buscar señas, sangre, semen y pelos a los fines de usarlo en prueba de ADN… procede que se excluya y suprima toda la prueba hallada en la oficina del (sic) Ortiz Crespo y en su teléfono celular y su memoria”, reza la moción.

El fiscal José Marrero Pérez había dicho previamente que, tras la denuncia presentada por la empleada civil por supuesta violación, Ortiz Crespo entregó voluntariamente su teléfono y permitió la entrada a su oficina, por lo que se entiende que autorizó los registros.

La jueza también tiene ante su consideración una moción de desestimación de cargos, pero ese escrito no estuvo disponible ayer para la prensa.

Se espera que el fiscal presente 22 testigos, múltiples documentos y fotografías que incluyen análisis de ADN de Ortiz Crespo recopilado en su oficina, varias querellas e investigaciones administrativas en su contra por asuntos no detallados, boletos de tránsito expedidos en contra del funcionario y un informe sobre robo del servicio de energía eléctrica en su residencia.

También se incluirá como parte de la evidencia la declaración jurada de la presunta víctima y los resultados del rape kit que le practicaron la noche que hizo la querella.

Los hechos de este caso se remontan al 31 de octubre de 2013 cuando la empleada acudió a la oficina de Ortiz Crespo para hablar de una carta que le entregaron informándole que se proponían despedirla.

El individuo, alegadamente, le dijo que el asunto lo podían responder “acostaditos en la cama” a lo que ella respondió que estaba hablando en serio. Cuando la mujer llegó a la oficina, dijo, el gerente de Seguridad la sodomizó.

En la vista preliminar la mujer reconoció que llegó a omitir y cambiar detalles en sus declaraciones, pero solo en lo relacionado a lo que ocurrió antes del acto sexual. En lo sustancial, alegó, no cambió nunca la versión.

El abogado de Ortiz Crespo,  Michael Corona, ha dicho que su cliente es inocente y que lo querían entrampar.

El gerente de seguridad está suspendido de su empleo, y aunque debe enfrentar un proceso administrativo por los cargos en su contra, no se ha realizado ninguna vista a esos efectos.