Con la admisión de las primeras piezas de evidencia y el juramento a los testigos, arrancó la mañana del miércoles el juicio contra Juan José Ortiz Crespo, gerente del área de seguridad del Municipio de Carolina, por un cargo menos grave de acoso sexual.

La jornada inició con la jueza Berthaida Seijo Ortiz, del Tribunal de Carolina, repasando el alcance de la determinación del juez Francisco Borelli Irizarry, quien declaró no ha lugar una petición de supresión de evidencia de la defensa, que perseguía que no se usarán durante el proceso judicial un paño para limpiar espejuelos, una camisa, un pedazo de alfombra y un paño que se ocupó sobre el escritorio del acusado.

Pero Borelli Irizarry acogió la petición de los abogados Michael Corona Muñoz y Glorimar Lamboy Torres para que no se utilice el contenido obtenido del celular personal de Ortiz Crespo porque la orden de registro se obtuvo luego de iniciado el análisis del aparato.

Aclarada las determinaciones de la vista de supresión, la secretaria de sala tomó juramento a la mayoría de los 22 testigos que presentará el Ministerio Público, representado por los fiscales José Marrero Pérez y Marysela Santiago Echevarría.

No se tomó juramento a una testigo, que disfruta de una licencia de maternidad, a una perito que trabaja en el estado de Virginia y a dos médicos, que permanecieron "on call" por las obligaciones de su oficio.

Entonces el Ministerio Público sentó a su primera testigo, Olga Enid Ortiz Hernández, directora auxiliar del Departamento de Recursos Humanos del Municipio de Carolina.

Tan pronto la testigo ofreció su nombre y su título, la defensa estipuló su capacidad para declarar y las dos certificaciones de empleo, que la mujer iba a autenticar.

Ante este escenario, el fiscal Marrero Pérez no realizó preguntas a la funcionaria, mientras la secretaria de sala marcó como exhibit 1 por estipulación la certificación de empleo de Ortiz Crespo y como exhibit 2 por estipulación la certificación de empleo de la alegada víctima, quien laboró como encargada de estación de la Policía municipal del 1 de julio de 2012 hasta el 15 de octubre de 2014.

Corona Muñoz, por su parte, realizó varias preguntas a Ortiz Hernández para establecer la jerarquía de mando en el área de seguridad del ayuntamiento y para dejar entrever que la alegada víctima quebró esa jerarquía cuando supuestamente realizó un acercamiento a su representando para que la ayudara en un proceso administrativo.

Ortiz Hernández señaló que la alegada víctima tenía una supervisora, a quien se reportaba, y que el acusado, quien se encuentra suspendido de empleo, ocupaba la posición de mayor jerarquía en el área de seguridad.

Como parte de los trabajos en la sala 204, el Ministerio Público representó el orden de su prueba y las partes escogieron las fechas en que continuará el juicio.

El proceso seguirá los días 4, 7, 8, 11, 12, 13,14,21,26, 27, 28 y 29 de mayo, pero el momento culminante del desfile de prueba ocurrirá los días 4 y 7 mayo cuando se espera que declare la alegada víctima, de 23 años.

La secretaria de sala también marcó como identificaciones del Ministerio Público un estuche de violación (rape kit), una caja con tres celulares, una camisa blanca, un paño azul y un colector bucal con una muestra de saliva.

Una identificación es una pieza de evidencia que no ha sido autenticada por la persona que la ocupó y cuyo manejo y movimiento todavía no se ha documentado para garantizar que no ha sido adulterada desde que el Estado asumió su custodia.

Cuando se cumple con ese proceso de autenticación esa pieza u objeto se convierte en un exhibit o evidencia admisible en el juicio.

Durante la vista Ortiz Crespo lució tranquilo. Según la acusación que pesa en su contra, el 31 de octubre de 2013, a eso de las 5:30 p.m., solicitó un favor sexual a la agente municipal a cambio de ayudarla en el proceso disciplinario que enfrentaba.

El cargo de acoso sexual contempla una pena que no excede los seis meses de cárcel o una multa de $5,000. La pena de reclusión puede cumplirse mediante el privilegio de la sentencia suspendida.

Otros dos cargos graves por violaciones al Artículo 4.2 de la Ley de Ética Gubernamental -uno por usar la posición para obtener un beneficio sexual y otro por uso de propiedad pública- no superaron la etapa de vista preliminar.

Fuera de sala el licenciado Corona Muñoz indicó a este medio que no planeaba presentar prueba de defensa porque de la propia evidencia del Ministerio Público surgía prueba exculpatoria o favorable para su representado.

Apuntó que la alegada víctima declaró a nivel de vista preliminar que se reunió con su abogado Manny Suárez, quien actualmente se encuentra suspendido del ejercicio de la abogacía de forma indefinida por violaciones a los cánones de ética de la profesión, para planificar una "trampa de índole sexual" contra Ortiz Crespo para obligarlo a intervenir a favor de la mujer, que enfrentaba un proceso administrativo de expulsión por falsificar un certificado médico.

"Eso ocurre (la reunión entre el abogado y la alegada víctima) meses antes del incidente en sí", apuntó el letrado.