Una rutinaria vista de seguimiento para evaluar las medidas de seguridad impuestas a Luis Gustavo Rivera Seijo, conocido como el Manco, sirvió para revelar que el Departamento de Justicia (DJ) posee un interés particular en conocer la condición mental del hombre, que se encuentra en el Hospital de Siquiatría Forense en Río Piedras.

Ese interés por conocer el cuadro clínico de Rivera Seijo coincide con informes de prensa que señalan que el DJ se apresta a radicar cargos contra el hombre por la muerte del niño Lorenzo González Cacho, ocurrida el 9 de marzo de 2010. Incluso, durante la audiencia de hoy y al igual que en otras vistas en el pasado, estuvo presente en la sala 1105, Ana Cacho, madre de Lorenzo, a quien se le vio acompañada de sus abogadas Sharon González Maldonado y Brenda Berríos Morales. Concluida la vista, ni Cacho, ni sus abogadas realizaron expresiones a la prensa.

En la vista de hoy celebrada ante la jueza Eloína Torres Cancel, del Tribunal de San Juan, trascendió que la fiscal de Distrito de San Juan, Carmen Iris Ortiz Rodríguez, presentó recientemente una moción para que el psiquiatra William Lugo Sánchez, quien evalúa a Rivera Seijo para las vistas de seguimiento, sometiera sus hallazgos por escrito.

Rivera Seijo es evaluado periódicamente luego de que fue declarado inimputable por la muerte de una persona sin hogar ocurrida el 6 de febrero de 2010. 

La inesperada petición del Ministerio Público encontró la resistencia de la abogada María Soledad Sáez Matos, de la Sociedad para la Asistencia Legal, quien aseguró que no existía justificación para la solicitud.

"No puede ser una expedición de pesca para otra cosa", afirmó Sáez Matos al oponerse al pedido de la fiscal Ortiz Rodríguez y en referencia al caso del asesinato del menor.

"Está pidiendo un informe en particular con unas especificaciones como la condición mental, diagnóstico, prognosis y tratamiento que recibe", agregó.

Sáez Matos también argumentó que la petición no procedía porque el psiquiatra ya presentaba informes trimestrales, según lo establecían las Reglas de Procedimiento Criminal.

La fiscal Ortiz Rodríguez, por su parte, indicó que su petición no tenía un propósito ulterior, pero en su línea de preguntas al psiquiatra dejó entrever que procuraba establecer la competencia mental de Rivera Seijo.

Finalmente la jueza Torres Cancel resolvió que el siquiatra ofreciera sus hallazgos en corte abierta y que se informara la minuta a las partes. 

Lugo Sánchez declaró que Rivera Seijo se encontraba "estable" mientras recibiera sus medicamentos y que padecía de un trastorno por el uso de sustancias controladas y otro trastorno esquizoafectivo.

También afirmó que cuando evaluó al hombre el 4 de noviembre, éste no mostró sintomatología psiquiátrica durante el intercambio.

"¿Estaba responsivo durante la entrevista?", preguntó la fiscal.

"Sí, estaba responsivo", respondió el psiquiatra.

"¿Estaba agresivo?", continuó Ortiz Rodríguez.

"No estaba agresivo", replicó Lugo Sánchez.

"¿Entendía sus preguntas?", indagó la fiscal.

"No mostró dificultad para entender preguntas", ripostó el psiquiatra.

Además, indicó que Rivera Seijo, quien no estuvo en la vista, no recibía visitas y que no participaba de las terapias porque le eran "monótonas".

Mientras Sáez Matos resaltó los síntomas de su representado, quien según el último informe trimestral, no sigue las normas de la institución y se mantiene aislado.

"Si no los estuviera recibiendo se desestabiliza", indicó el siquiatra sobre los medicamentos que Rivera Seijo recibe de forma oral e inyectable. 

"No puede estar en la libre comunidad sin supervisión", añadió.

Como han sugerido otros médicos, Lugo Sánchez recomendó que el Comité de Hogares evalúe a Rivera Seijo, quien confesó y luego se retractó de haber asesinado a Lorenzo mientras escalaba la casa de su madre Ana Cacho González en Dorado, para que sea ubicado en un hogar del Estado con supervisión porque no cuenta con recursos familiares.

Esta constituye la segunda vez que Ortiz Rodríguez, quien era la fiscal del caso de la muerte del deambulante, acude a una vista de seguimiento. Estuvo en la vista pasada acompañada del fiscal Mario Rivera Géigel, quien forma parte del grupo de fiscales asignado al caso de Lorenzo.

La jueza Torres Cancel señaló otra vista de seguimiento para 7 de febrero de 2016.

La fiscal Ortiz Rodríguez minimizó su presencia durante la vista diciendo que comparecía porque era la fiscal del caso. 

"Queríamos auscultar sobre la condición mental de él por lo que les he explicado anteriormente, se ha rehusado a las evaluaciones y no estaba participando en las actividades", apuntó.

"Estoy siendo categórica en decir que yo no tengo absolutamente nada que ver con la investigación de la muerte de Lorenzo", respondió sobre si la información vertida en sala se utilizaría para radicar cargos contra Rivera Seijo.

La licenciada Sáez Matos coincidió en que el DJ había adquirido un interés especial en las vistas de seguimiento.

"Sí, desde la vista pasada hay fiscales asignados a este caso en particular y coinciden con lo que he visto en la prensa, que son fiscales asignados a ese caso (Lorenzo)", apuntó.

"Yo no sabría decirles para qué, pero se estaba tratando de usar esta vista con otro propósito", agregó.

También se mostró sorprendida con los informes de prensa que anticipan que su representado será acusado por la muerte de Lorenzo y aseguró que la soga siempre parte por el lado más fino.

"No quisiera pensar que es que a estas alturas van a acusarlo a él. Que a estas alturas van a decir que surgió una prueba de un escalamiento, que de momento cinco años después surja una prueba que debió haber estado ahí desde el principio, porque si algo uno sabe desde el principio es si a uno le escalaron la casa", señaló.

Rivera Seijo supuestamente confesó el asesinato de Lorenzo, pero luego se retractó de dicha admisión. Documentos sobre su excarcelación aparecieron en el patio de la residencia en la urbanización Dorado del Mar donde residía Cacho González con sus tres hijos, días después de la muerte del niño, de 8 años.

Las autoridades federales habían investigado el posible vínculo de Rivera Seijo al asesinato del niño, pero las autoridades estatales habían descartado dicho escenario.

En enero pasado, Rivera Seijo participó en una recreación de la escena en la casa en la urbanización Dorado del Mar, donde Lorenzo recibió los golpes que supuestamente le causaron la muerte.

Cinco años después de la muerte del niño, las autoridades no han esclarecido el asesinato, ni han presentado cargos por el crimen.

Inicialmente identificaron como sospechosos del asesinato a Cacho González, a Jesús Genaro Camacho, al agente federal William Marrero y a Arnaldo Colón, pero en los pasados meses comenzaron a identificarlos como personas relevantes en la investigación.