La Coalición Playas Pal Pueblo aseguró este miércoles que defenderá el campamento que mantiene hace 10 años en protesta contra el arrendamiento de un predio de la playa en Carolina a una compañía desarrolladora.

Sin embargo, el desalojo del campamento podría producirse a corto plazo, si el Tribunal de Carolina acoge un acuerdo alcanzado entre el Municipio de Carolina y la compañía CH Proterties en relación al terreno, aledaño al hotel Marriott en Isla Verde.

“No debe ser algo que tome meses. Esto (el desalojo) debe ser algo de las próximas horas o en los próximos días", estimó el legislador Ángel Matos al referirse a una acción de las autoridades para sacar del lugar a la Coalición Playas Pal Pueblo. 

"A través de todos estos 10 años, si hay algo que el grupo que maneja esta propiedad ha sido enfático es que llevan 20 años con un contrato que no han podido ejecutar de manera completa. (El acuerdo contempla) que para mayo o marzo de 2016 ahí se tiene que comenzar una obra, porque así de amplio fue la prudencia del Tribunal”, agregó Matos en entrevista con Radio Isla 1320.

Después de las declaraciones del representante, líderes de varias de las organizaciones ambientalistas que integran la citada coalición acudieron al predio de terreno próximo al Balneario de Carolina para reiterar su posición de que el solar que da acceso a la playa es de uso público.

"De aquí no nos vamos. De hecho estamos pidiendo que vengan más a defender este lugar, que es de todos los puertorriqueños. Como único nos vamos, es luchando", expresó Nelson Pérez, portavoz de la Coalición Playas Pal Pueblo.

Por su parte, la portavoz de la organización Amigos del Mar, Vanessa Uriarte, señaló que el predio tiene un valor ecológico. Destacó que por el tiempo que llevan allí se ha convertido en el único punto de la playa entre San Juan y Piñones que cuenta con vegetación pues se reforestó durante el tiempo que lleva el campamento. También resaltó que es un lugar donde anidan tinglares.

Otro que llegó fue Paco López Mújica, de la organización Arrecifes Pro Ciudad. Señaló que una de las razones por las que se oponen al desarrollo de las cinco cuerdas de terreno es porque afectaría una reserva marina designada por la Ley 274 del 22 de septiembre de 2012.

Además del planteamiento ecológico, Pérez recordó que por años han denunciado que el contrato de arrendamiento es ilegal. Señalan que las cinco cuerdas de playa en disputa forman parte de un total de 51 cuerdas que fueron transferidas a lo que después pasó a ser la Compañía de Parques Nacionales (CPN) para la ampliación del balneario.

Por esta razón, consideran que la CPN no podía entrar en 1996 en un contrato de arrendamiento de renovación automática de hasta 99 años para construir un condo-hotel en el mencionado lugar.

Posterior a ese contrato, según Pérez, toda el área del balneario fue traspasada por la CPN, a través de una resolución conjunta de la Cámara de Representantes del 2002, estableciendo la condición de que el Municipio de Carolina garantice y mantenga el acceso, disfrute y uso a perpetuidad por el público en los mencionados terrenos.

"Esta propiedad no es del gobierno para vender, esta propiedad es del pueblo. No es del municipio, ni del gobierno, ni de CH Properties, ni del Marriott", subrayó Pérez.

De acuerdo con su relato, en el 2005 comenzaron el proceso de rellenar parte del terreno, lo que provocó el inicio de las protestas de vecinos y organizaciones ambientalistas, quienes sometieron una demanda impugnando la validez del contrato y señalando irregularidades en el proceso.

El juez de primera instancia, José Loubriel Vázquez, declaró, nulo el contrato. Posteriormente, en el 2011, el Tribunal de Apelaciones determinó que los demandantes no tenían "standing" o legitimación para reclamar, por lo que quedó sin efecto la impugnación del contrato.

Para entonces ya había comenzado a establecerse el campamento, por lo que la compañía desarrolladora sólo pudo habilitar cerca de dos cuerdas, que actualmente son usadas por el hotel como estacionamiento.

Debido a que CH Properties no pudo usar las cinco cuerdas, no pagó renta a Carolina, por lo que el Municipio sometió una demanda que estuvo litigándose hasta el acuerdo alcanzado la semana pasada.

Además de desistir de los reclamos que se imputaban ambas partes, dicho acuerdo indica que el Municipio de Carolina "no tiene, ni tendrá objeción y se allana a que el Tribunal dicte cualquier orden apropiada que sea solicitada por el arrendatario CH (Properties), para el desalojo de personas que se hallen en el predio sin autorización. El arrendatario se obliga a solicitar el desalojo en o antes de los próximos treinta (30) días". También, señala que el municipio "no tendrá ningún tipo de participación en dicho proceso".

El acuerdo, además, dispone que CH Properties radicará la solicitud de permisos en o antes del 1 de mayo de 2016, para que sea atendido por la Oficina de Gerencia de Permisos Estatal (OGPE).

Por su parte, el gerente general del hotel Marriott, José Padín, en entrevista con este medio, dijo que no es correcto afirmar que esa hospedería es la responsable del desarrollo. Indicó que el hotel responde a la compañía HR Properties, pero aceptó que uno de los "dueños" de esa empresa también es uno de los "dueños" de CH Properties.

Incluso, aseguró que el personal del Marriott desconoce cuáles son los planes de CH Properties con el terreno.

"Ellos ni si quiera están hablando de desarrollo. Están hablando del mero hecho de que esos terrenos les corresponden a ellos por el contrato de alquiler de 99 años. Eso es todo", dijo Padín, quien aclaró que el Marriott ha usado parte del terreno ya pavimentado,  por el que no se le pagaba renta al Municipio de Carolina, por "un acuerdo hasta que no se decida qué se va a hacer en los terrenos".

"El día que ellos digan que este terreno es para otra cosa, ellos lo deciden", agregó.

Padín también afirmó que llevaba seis años trabajando en el hotel y nunca había tenido "ninguna situación" con las personas que mantenían en el campamento, que está separado del estacionamiento por una línea de vallas de cemento.

Pero el panorama cambió en poco tiempo en la mañana del miércoles, cuando la tensión del conflicto por el terreno escaló al registrarse una confrontación entre empleados de la hospedería y el activista Alberto de Jesús, mejor conocido como Tito Kayak.

De Jesús saltó la mencionada valla de cemento para pintar un mensaje que se leyera desde la hospedería. Padín y otros empleados se le acercaron y le pidieron no lo hiciera. Entonces, comenzó una discusión entre De Jesús y Padín.

De Jesús había tomado la lata de pintura en sus manos mientras ambos discutían y hubo contacto corporal. En un momento en que De Jesús caminó hacia atrás, chocó con uno de los empleados, derramándose entonces pintura sobre dos empleados del hotel.

La discusión aumentó, acercándose otras personas al área, pero sin que se suscitara un altercado físico directo. Algunos empleados, no obstante, alegaron haber sido rociados con gas pimienta.

Empleados del hotel alertaron a las autoridades y poco después llegaron agentes de la Policía para tomar la querella y entrevistar a las partes. Personal de Emergencias Médicas también los atendió.

El inspector David Ortiz dijo que el incidente estaba bajo investigación, por lo que no podía adelantar cuáles serían las acciones a tomar al momento de retirarse, pues primero tendrían que consultar con el Ministerio Público.