El policía Javier Soto Méndez, quien hizo un inventario de las armas que tenía Pablo Casellas Toro en su hogar en el que apareció muerta su esposa Carmen Paredes, declaró en el tribunal que al lado de la occisa encontró balas compatibles con el calibre de un rifle propiedad del acusado.

Casellas Toro está acusado de asesinar a la madre de sus dos hijas en un incidente ocurrido el pasado 14 de julio, en el hogar de ambos en la urbanización Tierra Alta III en Guaynabo.

También enfrenta cargos por destrucción de evidencia, ofrecer una declaración o alegación falsa y violar la Ley de Armas al disparar y apuntar un arma.

Soto Méndez hizo esta declaración durante una audiencia para suprimir toda la evidencia que la Policía recuperó del hogar del matrimonio Casellas Paredes, el día en el que murió la mujer. El proceso se ventila ante la jueza Vivian Duriex Rodríguez, del Tribunal de Bayamón.

El agente investigador declaró que el 14 de julio pasado, entró a la casa del matrimonio entre las 10:40 a 11:00 a.m. Procedió a inspeccionar la colección de armas de Casellas Toro, y encontró un rifle PS-90, que utiliza balas de calibre 5.7 x 28.

“Se descubre que había un arma de igual calibre a los casquillos encontrados al lado de la muerta”, afirmó el agente con 13 años de experiencia en la Policía y tres años en el área la División de Homicidios.

El testigo dijo a la fiscal Janet Parra, quien representa al ministerio fiscal junto a Sergio Rubio y Phonebe Isales, que intentó conversar con Casellas Toro, pero Arturo Negrón García, quien ahora forma parte de la defensa del acusado, se identificó como abogado de la familia y le indicó que el hombre se encontraba “indispuesto”.

Negrón García, según Soto Méndez, le comentó que Casellas Toro estaba entrando a su casa cuando observó a una persona salir de la residencia.

“Entra a la casa. Vio a su esposa y sale y ve al individuo y le hace dos disparos, pero falló”, reveló el agente sobre la explicación que dio Casellas Toro.

“El (abogado) me dijo que Pablo Casellas era inocente y que él estaba dispuesto a someterse a una prueba de polígrafo”, agregó en otro momento.

Posterior a la conversación con el abogado, Casellas Toro permite a las autoridades entrar a la habitación en la que mantenía sus armas.

“No se podía ver casi el piso. Había papeles regados, armas tiradas en el piso, cartuchos de escopeta. Había un reguero”, detalló Soto Méndez

Sentado al lado de sus abogados Negrón García y Harry Padilla Martínez, el acusado, quien tenía un traje negro con camisa blanca, mantenía la vista fija en el testigo.

Soto Méndez aseguró que Casellas Toro y su padre, el juez federal Salvador Casellas, se mostraron cooperadores durante el proceso para contabilizar las armas.

“Incluso (el juez) sacó el carro, un Mercedes Benz, hacia atrás para que trabajáramos con las armas”, indicó el agente de Homicidios. Ninguno objetó el proceso. Tampoco Negrón García tuvo reparos, según el testigo.

En el contrainterrogatorio, Padilla Martínez trató de demostrar que la ocupación de las armas se hizo de forma ilegal porque no medió una orden judicial.

El defensor llevó al agente Soto Méndez a repasar en detalles su intervención en la escena del crimen y a reconocer que cometió un error al identificar el rifle.

Inicialmente el agente indicó que se trataba de un rifle P-90, pero al cotejar el Registro de Armas de Casellas Toro que mantiene la Policía, aceptó que se trataba de un rifle PS-90.

“No soy un experto en armas”, comentó ante el error.

Soto Méndez indicó que no le hicieron a Casellas Toro las advertencias sobre una posible incriminación y que desconocía la condición mental del hombre al abrir la puerta de la habitación que contenía las armas de fuego.

Apuntó también que el juez Casellas recibió autorización para entrar a la casa a buscar unos medicamentos para su hijo.

El testigo de la fiscalía le admitió a la defensa que las armas del acusado estaban inscritas y que las licencias de portación de armas y de tiro al blanco estaban vigentes al momento del asesinato de Paredes.

De hecho, también dijo que no pidió autorización a Casellas Toro, al juez Casellas o el abogado Negrón García para llevarse las armas; tampoco les indicó que las sometería a pruebas de balística.

A preguntas de la fiscal Parra, el agente indicó que del inventario se descubrió que faltaban armas que se encontraban en el Registro, pero a preguntas de Padilla Méndez no pudo precisar cuántas, ni cuáles.

A la salida de sala, Padilla Martínez no respondió si el hecho que el juez Casellas y Negrón García no se opusieron a la ocupación de las armas constituye un permiso tácito.

La vista sigue el lunes próximo, a las 9:00 a.m.