El Negociado de Licencias y Registro de Armas investigará si los alcaldes de Cataño, Juan Rosario; el de Corozal, Sergio L. Torres, y el de Toa Alta, Clemente Agosto, incurrieron o no en alguna conducta ilegal por disparar en el Polígono de Tiro de la Policía en Isla de Cabras, en Toa Baja. 

El superintendente de la Policía, José L. Caldero López, anticipó que los hechos ocurrieron el 16 de mayo cuando la policía municipal de Cataño separó las facilidades para llevar a cabo un entrenamiento con un instructor certificado, para el cual se pagó el seguro requerido.

“Ese día la cancha la tenía la Policía Municipal de Cataño. Distintas (regiones de) policías como las agencias federales le solicitan las canchas de la Policía para entrenamientos de su personal, ellos pagan un seguro por utilizar esa cancha ese día y también tienen que someter la evidencia de que la cancha va a estar operada por un instructor de tiro certificado, la cual sometieron. La responsabilidad de lo que ocurrió allí es de la Policía Municipal de Cataño”, se reafirmó Caldero. 

A su vez, aclaró que el alcalde de Cataño tiene licencia de tiro al blanco y los otros dos ejecutivos municipales no poseen licencia registrada. 

“Viene una investigación a ver si se violó algún aspecto legal y ya nosotros le dimos instrucciones a la División Legal de la Policía para que nos haga un análisis”, indicó el funcionario quien no quiso adjudicar el caso hasta que culminen las evaluaciones de la denuncia que fue dada a la luz pública por la emisora radial Noti Uno 630. 

Caldero dijo que inicialmente habían comenzado a investigar una denuncia que habían recibido al respecto sobre el alcalde de Cataño por lo que se había solicitado una opinión a la División Legal, pero cuando se hizo pública la información que incluía a los otros dos alcaldes, se decidió referir la pesquisa al Negociado. 

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