La presidenta de la Oficina del Panel del Fiscal Especial Independiente (OPFEI), Nydia Cotto Vives, decidió inhibirse de atender un posible referido del Departamento de Justicia, que el 30 de marzo intentó sin éxito presentar cargos por corrupción contra el extitular de la Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia (Adsef) Esteban Pérez Ubieta, y contra la exsubadministradora Elaine Porrata Toro. 

La decisión de la jueza Geisa Marrero desestimando los cargos fue anunciada la semana pasada. La magistrada se basó en que el rol de presentar cargos contra jefes de agencia recae en la OPFEI, entidad dirigida por Cotto Vives. 

Pero, según se desprende del Registro de Contratos de la Oficina del Contralor, la funcionaria tuvo contratos por asesoría legal con la Adsef entre el 2009 y el 2012. 

Pérez Ubieta dejó el cargo en Adsef el 31 de diciembre de 2012.

Luis De La Cruz, portavoz de prensa de la OPFEI, indicó que “previo” a la vista de causa para arresto contra los dos funcionarios, Cotto Vives emitió una resolución anunciando su inhibición del caso.

“Esa determinación fue certificada ante la Oficina de Ética Gubernamental”, dijo De La Cruz. Este medio solicitó copia del documento, que es público, tanto en la OPFEI como en la OEG, pero no fue suministrado. 

“Tan pronto se hizo público que se iban a presentar los cargos, se redactó la resolución”, apuntó el portavoz.

Aunque trascendió en informes periodísticos que Cotto Vives, como asesora legal de la Adsef y trabajando mano a mano con Pérez Ubieta, trató de obstruir auditorías de la Oficina de la Contralora en Adsef, la funcionaria lo negó a través de su portavoz. En caso de que el panel de la OPFEI tenga que evaluar el referido de Justicia, podrían toparse con gestiones realizadas por la presidenta del organismo, anticipó una fuente a este medio.

Amber Lee Vélez Burr, portavoz del Departamento de Justicia, concedió que la agencia evalúa la posibilidad de retar la decisión de Marrero en el Tribunal de Apelaciones. 

Por disposición de la ley que creó la OPFEI, le toca a este organismo, luego de evaluar la prueba levantada por una investigación preliminar del Departamento de Justicia, determinar si proceden cargos criminales contra ciertos oficiales como jefes de agencia, legisladores, exlegisladores, alcaldes, entre otros.

Todo caso referido a la OPFEI va a un panel de tres jueces retirados con dos alternos. 

Estos evalúan la prueba y, si entienden que se debe hacer una investigación a fondo, se contrata a un fiscal que actúa como Fiscal Especial Independiente. Cotto Vives hubiera figurado en el panel de no haberse inhibido, expuso De La Cruz.

En caso de que el panel de exjueces determine que no existe prueba suficiente se rinde un informe final. 

Contra Pérez Ubieta y contra Porrata Toro, personal de la División de Integridad Pública de Justicia sometió 48 denuncias por presuntamente falsificar en 2010 documentos para que dos compañías obtuvieran contratos con el Programa de Ayuda Temporal para Familias Necesitadas (TANF, por sus siglas en inglés) que administra Adsef en la Isla.

Se presentaron 32 cargos contra Porrata Toro por fraude, falsedad ideológica, archivo de documentos falsos, aprovechamiento ilícito de trabajo o servicios públicos, intervención indebida en las operaciones gubernamentales, certificaciones falsas, perjurio, violación a la Ley de Ética Gubernamental y por obstrucción a una auditoria del Contralor de Puerto Rico. 

Contra Pérez Ubieta se sometieron 16 denuncias por fraude, falsedad ideológica, archivo de documentos falsos, intervención indebida en las operaciones gubernamentales y violación a la Ley de Ética Gubernamental.

Justicia alega que, según una auditoría referida por la Oficina del Contralor y la investigación realizada de Justicia, Porrata Toro y Pérez Ubieta falsificaron y alteraron documentos con la intención de justificar la presentación de propuestas de las empresas Platinum Advisors Corp. y Torna Sol Inc., que luego se recibieron los contratos con Adsef. En la acusación, el Ministerio Público indica que ambas compañías entregaron sus propuestas después de que un comité evaluador había examinado las que sí habían cumplido con el término.

La jueza Marrero acogió la posición que esbozaron los abogados de Pérez Ubieta, Antonio y Carlos Sagardía, así como el abogado Juan F. Matos de Juan, representante legal de Porrata Toro. Los abogados hicieron el planteamiento en la vista de causa para arresto que los cargos imputados se refieren al ejercicio de la función pública que sus representados realizaron en el pasado.

Marrero manifestó en su resolución que la ley de la OPFEI claramente establece en su Artículo 4 que se pueden presentar cargos –tras una investigación preliminar del Departamento de Justicia- contra ciertos funcionarios como jefes y subjefes de agencia. Además, describió al PFEI como un “foro neutral de investigación y procesamiento”.

La jueza también determinó en su resolución que la Adsef, contrario a la posición de la fiscal Marie Díaz de León, “es una agencia a los fines de la ley de la OPPFEI”. A pesar de la Adsef, que es descrita como un “componente programático” del Departamento de la Familia en el plan de reorganización de esta agencia, la propia ley del PFEI describe una agencia como “todo organismo gubernamental del pueblo de Puerto Rico”.