Las llamadas entre el empresario Juan Bravo y la oficina del exsenador Héctor Martínez fueron continuas durante los primeros meses del año 2005, según consta en récords de llamadas del exasesor legislativo Víctor Rivera Torres, y presentados ayer en la continuación del juicio contra el exlegislador y el empresario.

Para aquella fecha Bravo, alegadamente, buscaba que se aprobaran dos proyectos que beneficiarían de forma directa a su empresa de seguridad privada Ranger American. 

Rivera Torres aseguró, a preguntas de la fiscal federal Amelia Samper, que no mantenía ese tipo de comunicación con ningún otro representante de alguna empresa de seguridad privada que se pudiese afectar por los proyectos de ley.

Dijo que no le constaba si la asociación que Bravo decía representar de otros dueños de empresas de seguridad realmente existía y quiénes eran sus miembros.

Asimismo, la fiscal llevó a Rivera Torres a enfatizar en que radicar una pieza legislativa no es garantía de que se vaya a aprobar. Y es que según la teoría de los abogados, cuando Bravo supuestamente le pagó a Héctor un pasaje de avión a Las Vegas no era un soborno, porque ya para entonces el proyecto estaba sometido y el compromiso del senador estaba cuajado sin mediar nada más.

“(Apoyar el proyecto) no es lo último que se hace (para que el proyecto se convierta en ley). Hay que prepararlo, presentarlo, llevarlo a vistas públicas, si es necesario conseguir votos... quien lo presenta tiene que trabajarlo, tiene que moverse”, relató Rivera Torres.

Ambos proyectos pasaron a votación de los miembros de la comisión de Seguridad Pública que presidía Héctor, el día antes de irse a Las Vegas. 

El exasesor legislativo dijo que los proyectos de Bravo, dueño de uno de los negocios más grandes en su categoría, afectarían a las compañías pequeñas de seguridad privada que podrían desaparecer. 

Por otro lado, Rivera Torres, se mantuvo firme en alegar que su versión no ha variado en ninguna de las más de 15 veces que se reunió con el FBI: que Martínez le confesó en el 2009 que Bravo fue quien pagó su vuelo a Las Vegas. La defensa de los acusados dejó entrever que no era cierto.

Por otro lado, Rivera Torres negó que enviara el borrador de uno de los proyectos primero a su propio fax y de allí a Northwest Security Services, empresa que representaba en su práctica privada para tapar cualquier conflicto de interés, pero no pudo explicar en sala por qué lo hizo de esa manera. 

Martínez y Bravo enfrentan cada uno un cargo de soborno en este segundo juicio. La teoría de la fiscalía es que Bravo le pagó a Martínez los gastos para ir a ver la pelea de boxeo entre Tito Trinidad y Ronald “Winky” Wright a cambio de que el legislador aprobara dos proyectos de ley que ayudaban a su negocio de seguridad privada.