Limitar la expansión de programas judiciales de acceso a la justicia, revisar legislación vigente sobre derechos arancelarios, cerrar varios tribunales municipales y relocalizar algunas de sus oficinas.

Esas son algunas de las 25 medidas que tomará la Rama Judicial para encarar la crisis fiscal y el millonario recorte presupuestario que sufrió este año, y que constan en una orden administrativa suscrita por la jueza presidenta del Tribunal Supremo, Liana Fiol Matta.

El documento aprobado el lunes, pero divulgado este jueves, señala que la Ley para la Sostenibilidad Fiscal y Operacional del Gobierno (Ley 66-2014) dejó sin efecto la fórmula mediante la cual se calcula anualmente el presupuesto que recibirá la Judicatura, lo que representó una baja de $25.8 millones en comparación con el presupuesto del pasado año fiscal, y $53.9 millones menos respecto a lo que le correspondía recibir este año.

“Ello nos obliga a tomar medidas adicionales que nos permitan mantener un servicio de excelencia, asegurar al máximo posible la protección de los empleos y los derechos de nuestro personal, continuar esfuerzos para adelantar el acceso a la justicia y la modernización de la Judicatura, reestructurar los proyectos iniciados, así como mantener la continuidad de los servicios, y terminar el año fiscal sin insuficiencia presupuestaria”, indicó en un comunicado la directora administrativa de los tribunales, la jueza Sonia Ivette Vélez.

Las medidas aprobadas por la jueza Fiol Matta y que deberá impulsar Vélez, buscan lidiar con la merma en recursos, pero según expone la orden, garantizando que no se afecten los servicios a los ciudadanos.

Sin embargo, algunas de las acciones incluidas afectarían ofrecimientos esenciales principalmente para la población de escasos recursos económicos, como la evaluación de los programas judiciales de acceso a la justicia enmarcados en el concepto de justicia terapéutica como las salas especializadas en sustancias controladas (“Droug Courts”), las salas especializadas en violencia doméstica, en asesinatos y el Programa de Litigantes por Derecho Propio.

La evaluación de esos proyectos tiene el propósito de identificar alternativas que garanticen su continuidad, pero la orden establece que “se considerará posponer la expansión de dichos programas en la medida que no hayan fondos asignados”.

Asimismo, se auscultará la posibilidad de proponer legislación que permita a la Rama Judicial generar ingresos propios, se renegociarán los cánones de arrendamiento con la intención de recortar hasta un 20% de las partidas de renta y se exigirá el pago de alquiler por aquellas instalaciones propiedad de la Judicatura que actualmente utilicen otras dependencias gubernamentales.

 Respecto al personal que labora en los tribunales, la jueza Fiol Matta dispuso que se identificarán las plazas vacantes que no tengan presupuesto asignado, se suspenderán los reclutamientos, así como los nombramientos de empleados transitorios y se implementará una iniciativa para reducir la acumulación de días por vacaciones.

 También se descontinuará el pago de membresías a grupos profesionales, se eliminará el pago de horas extras, se fomentará el mejor uso del equipo disponible, se revisarán todos los contratos de servicio, y se eliminarán aquellos que no sean esenciales, y se examinarán todos los gastos relacionados a la flota de vehículos oficiales, entre otras medidas.

“Se excpetúa de las disposiciones de esta orden cualquier situación que pueda constituir un riesgo para la prestación adecuada de los servicios a la ciudadanía o el funcionamiento eficiente y ordenado del Tribunal General de Justicia”, puntualiza la orden administrativa.