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Jueces preocupados por acciones del Senado

05/03/2012 |
La delegación de Puerto Rico ha denunciado que los recientes nombramientos sometidos al proceso de confirmación ante el Senado no han respetado el derecho de expresarse de los jueces nominados. (Archivo)  
La Federación Latinoamericana de Magistrados (FLAM), que agrupa las asociaciones nacionales de jueces de países de América Latina, como la Asociación Puertorriqueña de la Judicatura, celebró esta semana su asamblea ordinaria en la Isla.

Magistrados se unieron a la preocupación que algunos han expresado sobre los nombramientos por descargue y sin la evaluación correspondiente en el Senado de candidatos a jueces.

La Federación Latinoamericana de Magistrados (FLAM), que agrupa las asociaciones nacionales de jueces de países de América Latina, como la Asociación Puertorriqueña de la Judicatura, celebró esta semana su asamblea ordinaria en la Isla y emitió una declaración al respecto.

“La delegación de Puerto Rico ha denunciado que los recientes nombramientos sometidos al proceso de confirmación ante el Senado no han respetado el derecho de expresarse de los jueces nominados, utilizándose un mecanismo de descargue, sin informes de la Comisión de lo Jurídico ni oportunidad de evaluar sus cualificaciones y visión de desempeño de su cargo”, lee la declaración de la FLAM.

Ante esta situación, determinó “solicitar al Senado de Puerto Rico que, en el proceso de renominación de los jueces, observe un procedimiento público y transparente basado en criterios de ponderación de antigüedad y mérito, que asegure a todos los miembros del Senado la oportunidad de contar con los elementos de juicio necesarios para decidir, de una manera informada, en cumplimiento de su responsabilidad constitucional”.

Por otra parte, la FLAM anunció que la jueza Mirinda Vicenty Nazario, de la sala de Relaciones de Familia y Menores del Tribunal de Bayamón, fue electa presidenta, siendo la primera puertorriqueña en ocupar dicha posición.

La magistrada fue renominada a jueza por Luis Fortuño en el 2009, luego de que el Tribunal Supremo la amonestara y la separara de sus labores dos años por violar cánones de ética en relación con el caso de custodia del niño lituano-ruso Arnas Gaurilcikas.