La jueza Giselle Romero García del Tribunal de San Juan emitió hoy una orden de entredicho provisional, que deja sin efecto los puntos de cotejo durante las Fiestas de la Calle San Sebastián, que iniciaron este jueves y se extienden hasta el domingo, en el Viejo San Juan.

La magistrada hizo énfasis en que las demás medidas de seguridad establecidas en la ordenanza municipal Número 21, como las cámaras de seguridad y canes de la policía, continúan en vigor. Además, impuso a la parte demandante una fianza nominal de $1.00, conforme a la Regla 56.3 del procedimiento civil.

La determinación se tomó luego de que representantes de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) y los abogados del Municipio de San Juan no lograran llegar a un acuerdo en torno a las medidas de seguridad de la celebración.

 En cuanto a la solicitud de interdicto permanente y sentencia declaratoria, la jueza dictaminará su sentencia este viernes, luego de haber escuchado en la vista los argumentos de las partes y el testimonio de Melissa Hernández Romero, una de las demandantes del caso, junto con Jerymar Cabrera Molina.

El testimonio de Cabrera Molina se acogió, según estipulado en la declaración jurada. De igual forma pasó con el testimonio del testigo del Municipio de San Juan, el Comisionado de la Policía Municipal, Guillermo Calixto Rodríguez.

 El abogado del Municipio de San Juan, Lee Sepulvado, intentó sin éxito que se desestimara el caso por la prueba desfilada, pero la jueza le indicó que no procedía porque ya ambas partes habían estado de acuerdo en acoger los testimonios de todos los testigos y había pasado la prueba.

 Luego, Sepulvado, pidió que se le diera tiempo para contestar la demanda, pero la jueza denegó la petición, indicándole que el tribunal le había concedido el espacio necesario para que presentara los planteamientos.

Al finalizar la vista, William Ramírez Hernández, director de la ACLU en Puerto Rico catalogó como un “logro para el pueblo de Puerto Rico” la decisión preliminar de la jueza y dijo que confía en que la magistrada declare inconstitucional los llamados “cateos” como parte de las medidas de seguridad en las Fiestas de la Calle San Sebastián.

 Sepulvado, por su parte, dijo a su salida de la sala 907 que hablaría con su clienta, Carmen Yulín Cruz, para determinar si apelarán la decisión preliminar del tribunal.

 Al cuestionarle por qué no se pudo llegar a un acuerdo entre la ACLU y el Municipio de San Juan, el letrado señaló que las partes no coincidieron en cuanto al registro de los bultos de los ciudadanos.

 “Ellos querían que limitáramos el registro a un registro electrónico y si se detectaba algo no podíamos ni tan siquiera preguntarle al ciudadano si tenía algo que no podían entrar”, manifestó.

Los puntos de cotejo se realizarían en diez áreas específicas en diversas calles del Viejo San Juan y contarían con personal de la compañía privada de seguridad Dynamic Consulting Group, que inspeccionaría a los ciudadanos con un detector de metales electrónico, tipo paleta.

La policía municipal estaría a cargo de inspeccionar los bultos de los asistentes. Como parte de ese cotejo, se prohibía la entrada de armas de fuego, armas blancas, neveritas, vuvuzelas y botellas con bebidas alcohólicas.

La edición 44 de las Fiestas de la Calle San Sebastián es un evento cultural y religioso que anualmente atrae a cientos de miles de personas. Este año la celebración se le dedica al animador y comediante Raymond Arrieta.