La jueza superior Gisela Alfonso Fernández evaluó hoy, viernes, las declaraciones juradas relacionadas con un accidente de tránsito que se le imputa a la abogada Jessica Rivera Pacheco y que forman parte de la investigación contra dos fiscales del Departamento de Justicia que lleva a cabo la Oficina del Fiscal Independiente (OFEI).

En una vista interlocutoria, Alfonso Fernández escuchó los argumentos del abogado de Rivera Pacheco, Jorge Gordon Menéndez, quien reclama la entrega de las declaraciones juradas, y de los fiscales especiales independientes Ramón Mendoza Rosario y Zulma Fuster Troche, quienes sostienen que los documentos contienen información confidencial por ser parte de la investigación de la OFEI.

La magistrada citó de nuevo a las partes a una vista de seguimiento el próximo martes, 11 de agosto a la 1:30 de la tarde en la sala 1104 del Centro Judicial de San Juan.

“La jueza coincidió con que las partes que nosotros habíamos marcado como confidenciales y que no queríamos divulgar porque eran parte de nuestra investigación, no se entreguen”, dijo Fuster Troche.

“Nosotros vamos a llevar la información al panel de exjueces del OFEI para que ellos tomen la determinación correspondiente”, añadió -por su parte- Mendoza Rosario. 

Pero, Gordon Meneses indicó que la jueza coincidió con que la declaración jurada tomada a la alegada víctima del accidente, Daniel Figueroa Resto, debe ser entregada en su totalidad a la defensa porque es pertinente y está relacionada con los hechos que se le imputan a su cliente.

Como parte del descubrimiento de prueba en el caso que encara Rivera Pacheco, Gordon Menéndez solicitó copia de la declaración jurada del agente Jorge Navedo y de Figueroa Resto.

“La jueza entendió que la declaración jurada prestada por el policía Navedo el 22 de abril debería ser entregada en parte a la defensa. Entendió la jueza que la segunda declaración jurada tomada a Navedo en nada tiene que ver con los hechos de este caso”, sostuvo el abogado.

Respecto a otra declaración jurada tomada al policía municipal de Guaynabo, René Ríos y que también reclama la defensa, el letrado dijo que “ese asunto se atenderá el martes”.

El juez Aldo González Quesada, en cuya sala está pendiente el caso contra Rivera Pacheco, ordenó la semana pasada que la Oficina del FEI compareciera a la sala 1104 con copia de las dos declaraciones juradas.

Rivera Pacheco encara dos violaciones a la Ley de Tránsito por provocar un accidente mientras guiaba de forma imprudente o temeraria y bajo la influencia de bebidas embriagantes, según el Ministerio Público.

Las declaraciones juradas han sido objeto de controversia porque el fiscal Eduardo Beale Targa indicó que no podía entregarlas puesto que no estaban bajo su jurisdicción sino bajo la tutela de la OFEI. También planteó que se debían tomar medidas cautelares antes de entregarlas porque dichos documentos podían tener información relacionada a la investigación en proceso que realiza la OFEI.

Las declaraciones juradas solicitadas por la defensa de Rivera Pacheco se realizaron como parte del informe que preparó el Departamento de Justicia y que refirió a la OFEI tras investigar la alegada intervención de los fiscales Melvin Colón Bonet, Enrique Rivera Mendoza, Miguel Alameda Ramírez y José Virella Santana en el accidente ocurrido en Guaynabo el pasado 11 de febrero.

Rivera Pacheco es compañera de Colón Bonet e hija de Rivera Mendoza.

La OFEI concluyó que los fiscales Virella Santana y Alameda Ramírez no habían incurrido en conducta delictiva, pero asignó a los fiscales especiales independientes Mendoza Rosario y Fuster Troche para continuar la pesquisa contra Colón Bonet y Rivera Mendoza.

Según Justicia, Rivera Mendoza y Colón Bonet usaron sus posiciones para intervenir en la investigación que realizaba la Policía Municipal de Guaynabo tras detener a Rivera Pacheco, cuya prueba de alcohol supuestamente arrojó 16.9% de centésimas de alcohol en la sangre.

Colón Bonet alegadamente intervino en la escena del accidente y utilizó la computadora del DJ para preparar una orden (subpoena) para que la Policía Municipal de Guaynabo le entregara el vídeo tomado en el lugar del accidente pese a que era el fiscal a cargo de la investigación de este caso.

En cuanto a Rivera Mendoza, Justicia le imputó que en la propia Fiscalía de Bayamón, en la que labora, “intervino con los fiscales Virella Santana y Alameda Ramírez en la consideración y trámite del asunto relacionado con su hija cuando tenía que inhibirse”.

Al presente, Rivera Mendoza, Alameda Ramírez y Colón Bonet se encuentran suspendidos de sus funciones mientras encaran procesos ante la Oficina de Ética Gubernamental (OEG).

Virella Santana, quien renunció al puesto efectivo el 20 de julio, también enfrenta un proceso ante la OEG.