Jueza Laura Taylor Swine comienza a canalizar los trabajos

Por Istra Pacheco 05/18/2017 |00:00 a.m.
La jueza Laura Taylor Swine dijo que las próximas vistas judiciales se prevén en la última semana de junio, a mitad de agosto, en septiembre, a mediados de noviembre y a finales de diciembre. ([email protected])  
En su primera vista, aseguró que la prioridad es sacar al País adelante de cara al futuro.

En su debut público como la que repartirá el bacalao en los procesos de quiebra presentados bajo el Título III de la ley federal PROMESA, la jueza Laura Taylor Swine adelantó ayer que la cosa no será fácil: “Habrá dolor y desilusión”.

Taylor Swain hizo énfasis en que su prioridad es que Puerto Rico pueda salir del proceso tan fortalecido como pueda. Indicó que no se puede regresar en el tiempo para arreglar las cosas que estuvieron mal, pero sí se puede trabajar para resolver la situación actual.

“No se va a poder pagar todo completo y en el tiempo en que se supone… no habrá soluciones fáciles… pero los sacrificios tienen un valor”, afirmó al iniciar la vista en la corte federal en la que tomó un minuto para pedir a los asistentes no usar perfume, porque sufre de alergias.

El pedido de quiebra del Gobierno, que pone un detente a los cobradores, es el mayor en su tipo registrado en la historia financiera de los Estados Unidos.

La jueza decidió que todo se canalizará a través de una sola página web con acceso gratuito para que todo el mundo esté al tanto de las decisiones y de todos los documentos que se presenten. También pidió a los abogados de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) que de todo lo que sometan incluyan sus respectivas versiones en español.

 
Elías Sánchez dijo que jueza apoyó posturas del gobierno

El representante del gobierno, Elías Sánchez, ofrece su versión de lo que pasó en las primeras horas de la vista de quiebra del gobierno de Puerto Rico bajo la ley federal PROMESA.


También decidió que, por el momento, las reclamaciones de los bonistas de Obligaciones Generales (GO’s), que son las que están garantizadas por la Constitución y los de la Corporación para el Interés Apremiante (Cofina), se atenderán en conjunto de manera administrativa. 

Los bonistas de GO’s han reclamado que es ilegal el pago de la deuda con Cofina, que no son bonos garantizados y son los únicos de los acreedores del gobierno que siguen cobrando.

Por otro lado, el abogado de la JSF, Martin Bienenstock, reconoció que en los próximos días es muy probable que la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) se acoja al Título III de PROMESA que implica ver en corte la negociación de la deuda que, según, dijo asciende a $6,000 millones.

El resto de la deuda pública se divide en: Autoridad de Energía Eléctrica, $9,000 millones; el Banco Gubernamental de Fomento, $4,000 millones; la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, $4,600 millones; la Universidad de Puerto Rico, $572 millones y la Administración de Sistemas de Retiro, $3,100 millones.

Mientras tanto, la deuda del Centro de Convenciones es de $531 millones, la de la Autoridad para el Financiamiento de Infraestructura, $2,100 millones y la Autoridad Metropolitana de Autobuses es de $128 millones. 

La jueza no resolvió de inmediato un pedido del Bank of New York Mellon, acerca del pago de $16.3 millones a los bonistas de Cofina que se debe emitir el 1 de junio. Hay otro pago de $120 millones que vence el 1 de julio.

Tampoco emitió decreto sobre un pedido que le hiciera la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal para seguir pagando a los suplidores de las utilidades del gobierno.

Contrario a otros procesos judiciales, en esta ocasión no se permitió la entrada de equipos electrónicos de la prensa a la sala para poder reportar.

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