El gobierno municipal de Yauco se vio obligado este lunes a sacar de operaciones el Sistema Automático de Control de Tránsito, mejor conocido como las fotomultas, que desde hace más de un año funcionaba en las vías públicas de ese pueblo.

La determinación del alcalde Abel Nazario respondió a una sentencia del juez superior Benicio Sánchez La Costa, del Tribunal de Ponce, quien determinó que el Municipio de Yauco operaba el sistema automático de manera ilegal, en violación a la Ley de Vehículos y Tránsito (Ley 22-2000).

“Cuando el legislador estableció y reguló en la Ley 22 el sistema automático de control de tránsito, los municipios no fueron reconocidos como autoridades locales a las que el secretario del DTOP pudiera delegar la facultad de establecer tales sistemas. Por lo que el Municipio de Yauco actuó y continúa actuando de manera ultra vires al ejecutar la operación de un sistema automático de control de tránsito”, reza la sentencia emitida el 24 de julio pasado, pero notificada a las partes este lunes. 

El juez Sánchez La Costa declaró con lugar la moción de sentencia sumaria presentada por el demandante, Miguel Rodríguez Cartagena, y emitió una orden de cese y desista contra el ayuntamiento para que detenga de inmediato el uso de esa tecnología.

Nazario indicó a este medio que el sistema dejó de funcionar a las 2:15 p.m., luego de haber recibido la notificación oficial sobre la sentencia. Anticipó que pedirá una reconsideración al magistrado, aunque no se mostró optimista con esa gestión, y dijo que luego acudirá ante el Tribunal de Apelaciones e, incluso, solicitará la intervención del Tribunal Supremo para que atienda el caso y dirima algunos aspectos constitucionales sobre las facultades de los gobiernos municipales, según esbozados en la Ley de Municipios Autónomos.

Nazario dijo que presintió este desenlace luego que el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) dejara sin efecto el sistema de fotomultas que implementó a finales del año pasado en algunas carreteras de San Juan. 

“Preví que, como un acto de revanchismo, y ante el fracaso del estado, iban a usar todos los medios, en este caso el medio legal, para detener el proyecto. Nosotros acatamos la orden, y vamos a darle prioridad a la seguridad, que es lo importante en este momento”, manifestó el ejecutivo municipal en entrevista telefónica. 

Al discutir los hechos materiales que no están en controversia en el caso, el juez superior de Ponce se refirió al informe final de una investigación de la Comisión de Transportación, Infraestructura, y de Recreación y Deportes de la Cámara de Representantes que concluyó igualmente que el Municipio de Yauco debía detener de inmediato el uso del sistema de fotomultas, y que su operación y el dinero cobrado a los ciudadanos por concepto de las sanciones era ilegal.

Tanto el DTOP como el Departamento de Justicia, cuando comparecieron ante la comisión legislativa, coincidieron en que los municipios que emplearan el Sistema Automático de Control de Tránsito lo hacían en contra de la Ley 22 por no estar autorizados por la agencia estatal a cargo de regular todo lo concerniente al tránsito. 

El alcalde de Yauco dijo que, a partir de este martes, 22 policías municipales que había destacado para reforzar la seguridad en las escuelas del pueblo regresarán a las calles para los mismos propósitos que hasta este lunes cumplían las cámaras de seguridad asociadas con las fotomultas. 

Nazario aseguró que, en el poco más de un año que estuvo vigente, el sistema automatizado redujo las multas expedidas de 18,000 a 2,000. Además, insistió en que ese mecanismo tecnológico provocó bajas en incidentes criminales como los robos y asesinatos debido a la colocación de cámaras alrededor del pueblo.

Rechazó también que la insistencia de su administración en operar ese sistema responda a un interés económico, pues según dijo los recaudos el pasado año por concepto de las penalidades ascendieron a $16,000, y previo a su implantación acumularon cerca de $284,000 por el mismo concepto.

“No es una cuestión de economía, pero ellos quieren boletos de papel, pues les daremos boletos de papel”, expresó el alcalde. “Con las cámaras, la gente respetaba, pero a la Policía la gente no la respeta”.

Por su parte, Rodríguez Cartagena, demandante en el caso, celebró el fallo del juez Sánchez La Costa y criticó que, mientras el alcalde de Yauco defendía públicamente el sistema de fotomultas, nunca compareció ante el tribunal a responder las alegaciones de la demanda. Por ello, el juez anotó la rebeldía a la parte demandada, y acogió una moción de sentencia sumaria del demandante en la que emite su determinación sin aquilatar prueba por entender que no existe controversia sobre los hechos del caso.

“Me parece muy acertada la determinación del tribunal porque evaluó, no solamente los asuntos jurídicos planteados, sino la totalidad del expediente. En este caso, el alcalde había hecho una defensa a capa y espada del sistema de fotomultas ante la opinión pública del país y no en el foro pertinente, que era el tribunal… El alcalde tiene perfecto derecho a apelar, pero entiendo que por la elaboración tan excelente que hizo el juez a los argumentos jurídicos, veo muy pocas probabilidades de que prevalezca”, sostuvo Rodríguez Cartagena.

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