El juez Harry Massanet Pastrana, del Tribunal de San Juan, determinó no causa para el arresto del alcalde de San Lorenzo, José Román Abreu, por supuestas irregularidades vinculadas a un proyecto del Programa de Comunidades Especiales.

En su breve alocución antes de anunciar su determinación en el último día de la vista para encontrar causa para arresto en alzada, Massanet Pastrana afirmó que en este caso no se probó la intención criminal y que si hubo actos de negligencia correspondían al Banco Gubernamental de Fomento y al Fideicomiso de las Comunidades Especiales.

Massanet Pastrana tampoco encontró causa contra el administrador municipal, Gilbert Hernández Orozco; el director de finanzas, Pedro González Rodríguez y el contratista Iván Andújar González.

Al escuchar la determinación del magistrado, un grupo de seguidores de Román Abreu irrumpió en aplausos en la Sala 1103 del Centro Judicial de San Juan.

Los partidarios del alcalde se sentaron al lado derecho del salón de sesiones, justo detrás del escritorio de los abogados defensores José Andreu Fuentes, César López Cintrón, Ricardo Prieto García y Héctor Crespo Milián.

Al otro lado de la sala judicial, detrás de área designada para el Ministerio Público, se ubicaron opositores del alcalde, quienes lucían camisetas negras con el nombre de la comunidad Los Oquendo en letras blancas.

Los fiscales especiales independientes imputaron al alcalde, así como a Hernández Orozco y González Rodríguez, cargos de malversación de fondos públicos, falsedad ideológica, posesión y traspaso de documentos falsificados y una violación al artículo 3.2 de la Ley de Ética Gubernamental.

En el caso del contratista Andújar González, se le imputó apropiación ilegal agravada de $92,506.50, falsedad ideológica, así como posesión y traspaso de documentos falsificados.

Durante la vista de hoy, lunes, el juez Massanet Pastrana permitió, a modo de excepción, que las partes realizaran argumentaciones finales.

Según el fiscal Núñez Corrada, el ayuntamiento tramitó el pago de la construcción de una cancha en el barrio Quemado, sector Los Oquendo, en San Lorenzo, pero nunca se completó.

Por dicha gestión, el Fideicomiso de Comunidades Especiales, adscrito al Banco Gubernamental de Fomento, desembolsó dos pagos de $92,506.50.

En vez de devolver el segundo pago, según el fiscal, se tramitó una factura falsa.

Los abogados defensores, por su parte, apuntaron que la duplicidad del pago respondió a errores cometidos por el Banco Gubernamental de Fomento.

Señalaron, por ejemplo, que el Banco, sin tener una carta o certificación de la corporación de Andújar González, aceptó cambiar la cuenta a la que emitía los pagos electrónicos de la empresa.

La petición la realizó la exesposa de contratista, María de Lourdes Vélez, quien solicitó que los pagos se hicieran a su cuenta personal y no a la cuenta corporativa.

Esa acción provocó que el contratista recibiera un pago en cheque de $92,506.50 y que su exesposa recibiera una transferencia electrónica por la misma cantidad, sin que el hombre supiera del doble pago.

Apuntaron también que los imputados realizaron gestiones para aclarar el asunto con el Banco Gubernamental de Fomento, entidad que no tomó medidas para recuperar el dinero que pagó a la mujer por error.

Explicaron, además, que el proyecto se construcción fue paralizado por la administración del gobernador Luis Fortuño.

A su salida de sala, el alcalde Román Abreu se expresó satisfecho.

"La justicia siempre prevalece", expresó sobre el segundo intento fallido de la Oficina del Fiscal Especial Independiente (OFEI) en su contra.

"Yo quiero aprovechar esta oportunidad para solicitarle al honorable gobernador de Puerto Rico que investigue cuánto dinero se ha gastado del pueblo de Puerto Rico en la persecución política que han establecido con los funcionarios serios y decentes de este pueblo", agregó.

El ejecutivo municipal no descartó una acción legal contra el OFEI.

"No voy a hablar de ese asunto en este momento, más adelante nosotros tomaremos las decisiones que nos corresponden", expresó.

El licenciado Andreu Fuentes, quien representó al alcalde, lamentó que en la Isla se sigan presentando casos por motivación política partidista.

Mientras, el licenciado López Cintrón, quien representó a Andújar González, apuntó que a raíz de las últimas determinaciones judiciales la OFEI tiene que reevaluar su trabajo.

"Este caso debe llevar el mensaje de no utilizar la oficina del Fiscal Especial Independiente, ni el Departamento de Justicia, para la persecución política de nadie", apuntó el abogado, que por años se desempeñó como fiscal especial independiente.

La fiscal especial independiente, Pabón Ortiz, por su parte, indicó que respetaba la determinación del juez.

Este constituye el segundo golpe que la OFEI recibe en tres días.

El viernes pasado la jueza Elizabeth Linares Santiago, del Tribunal de San Juan, también encontró no causa por cargos de malversación de fondos públicos y de influencia indebida que los fiscales Guillermo Garau Díaz e Iris Meléndez Vega imputaban al exsecretario de Justicia, Antonio Sagardía de Jesús.

Tampoco prosperó el cargo de intervención indebida que pesaba contra el abogado Víctor Ramos Rodríguez, quien compartió oficinas legales privadas con Sagardía de Jesús.

En el caso de San Lorenzo, ninguno de los cargos prosperó en la vista para encontrar causa para arresto. Por eso los fiscales especiales independientes acudieron en alzada.

En el caso de incoado contra Sagardía de Jesús, algunos cargos prosperaron y llegaron a la etapa vista preliminar. El exfuncionario también acudió en alzada en los otros cargos.

El viernes pasado, la jueza Linares Santiago determinó no causa en los cargos de vista preliminar y en los cargos de la vista para encontrar causa para arresto en alzada.