Juez federal ordena retirar nombramiento de jefa de la Comisión Industrial

Por Rebecca Banuchi 01/19/2014 |06:35 p.m.
El juez Besosa citó a las partes a una vista argumentativa sobre el interdicto preliminar el 31 de enero a las 9:00 a.m. (Archivo)  
El gobernador Alejandro García Padilla dejó hoy en suspenso el nombramiento de Grace Sylvette Lozada Crespo como presidenta.

Tras una orden del juez federal Francisco Besosa, el gobernador Alejandro García Padilla dejó este domingo en suspenso el nombramiento de Grace Sylvette Lozada Crespo como presidenta de la Comisión Industrial.

El primer ejecutivo había anunciado a principios de la semana pasada el nombramiento de la abogada como comisionada y presidenta de la entidad pública, pero el viernes el juez Besosa concedió una orden de entredicho provisional contra García Padilla y Lozada Crespo en la que exige retirar la nominación.

Ello, mientras atiende en sus méritos una demanda presentada por el expresidente de la Comisión Industrial Basilio Torres Rivera, quien ocupó el puesto desde el 2012, bajo el gobierno de Luis Fortuño, hasta mediados de este mes, cuando se produjo el nombramiento de Lozada Crespo.

García Padilla dejará sin efecto la nominación mientras se dilucida el caso en el Tribunal Federal, pero no retirará el nombramiento, advirtió Jesús Manuel Ortiz, director de la Oficina de Prensa de La Fortaleza.

“El (nombramiento) de presidenta se deja sobre la mesa mientras el juez resuelve”, dijo a este medio.

Sin embargo, Ortiz aclaró que Lozada Crespo continuará ocupando el cargo de comisionada, puesto que al igual que el de presidenta requiere la confirmación del Senado. Explicó que la funcionaria fue nombrada durante el receso legislativo, por lo que puede ejercer el puesto.

 El Alto Cuerpo podría evaluar su nominación como comisionada primero, sin aguardar por que se produzca un fallo en el foro federal respecto a la presidencia de la Comisión Industrial.

La demanda se basa en que Torres Rivera asumió el cargo durante la vigencia de la Ley 45 de 1935, que disponía que el presidente de la comisión ocuparía el puesto por un término de seis años.

 Pero García Padilla enmendó el referido estatuto a finales del año pasado mediante la Ley 180 del 2013, que estableció, entre otras cosas, que quien ocupe ese cargo puede ser removido y sustituido en cualquier momento por voluntad del gobernador.

Fue el representante Antonio “Tony” Soto quien alertó temprano el domingo sobre la orden del juez Besosa.

El legislador del Partido Nuevo Progresista (PNP) comparó el caso con los pleitos incoados previamente en el Tribunal Federal por el procurador del Veterano, Agustín Montañez-Allman, y el procurador de las Personas con Impedimentos, Iván Díaz Carrasquillo.

“En los casos de los procuradores del Veterano y el de la Personas con Impedimentos, los jueces federales Juan Pérez Giménez y Daniel Domínguez ordenaron al gobernador a mantener en sus respectivas posiciones a término a dichos funcionarios por tener éstos una expectativa de permanencia, un derecho propietario sobre tales posiciones por el término de sus designaciones y desempeñar funciones cuasi-legislativas y cuasi-judiciales que limitan su poder de remoción”, destacó el representante en un comunicado.

“Sin embargo, el presidente del Partido Popular y su Legislatura se han empecinado en sacarlos de sus puestos solo por el hecho de ser nombrados por el gobernador Fortuño provocando, entre otras cosas, desangrar más las maltrechas finanzas del gobierno por mero revanchismo”, sostuvo.

El juez Besosa citó a las partes a una vista argumentativa sobre el interdicto preliminar el 31 de enero a las 9:00 a.m.