El juez federal Francisco A. Besosa atenderá la demanda contra la llamada ley de "quiebra criolla", luego de que su homólogo Jay A. García Gregory se inhibió del caso.

El 28 de junio, se radicó la primera demanda contra la Ley para el Cumplimiento con las Deudas y para la Recuperación de las Corporaciones Públicas en el Tribunal Federal, y la misma fue asignada al juez García Gregory.

Sin embargo, hoy el juez solicitó inhibirse.

"Por la presente me discalifico de participar más allá en este caso", lee la orden sometida por García Gregory en el expediente del caso, sin ofrecer más explicaciones.

De inmediato el caso fue reasignado aleatoriamente a Besosa.

El gobernador Alejandro García Padilla firmó la ley el mismo día que se radicó la demanda. El estatuto pretende crear un marco legal para que las corporaciones públicas que enfrentan problemas financieros puedan acorgerse a un proceso que les permita renegociar las condiciones de pago de las deudas sin afectar los servicios.

La demanda fue sometida por las franquicias Franklin Funds y Oppenheimer Rochester Funds impugnando la constitucionalidad de la ley. Franklin Funds posee $907,195,000 en deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), y Oppenheimer Rochester Funds, $821,440,000.

"Esta ley es una ley de quiebra aprobada por el Estado Libre Asociado. Por lo tanto, la ley es inconstitucional en su totalidad", lee la demanda de 15 páginas contra el gobierno estatal, García Padilla, la AEE y el Banco Gubernamental de Fomento.

Franklin Funds y Oppenheimer Rochester Funds alegan que desde que se aprobó la ley en el Senado, los bonos a largo plazo (vencen en 20 años o más) de la AEE se han reducido en un 15%, mientras que los bonos a corto plazo (vencen en cuatro años), han mermado entre un 35% y 40%.

Los demandantes entienden que la ley viola la Cláusula de Expropiaciones y la Cláusula de Contratos, además de que permitiría a la AEE usar el colateral de los bonos para asegurar préstamos adicionales y que retiene sus actibos para seguir realizando funciones públicas durante el proceso de reestructuración.