El juez Ángel Pagán Ocasio, del Tribunal de San Juan, extendió hoy, martes, una orden de entredicho provisional que impide a la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (Utier) bloquear las entradas y salidas de las oficinas centrales de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) en medio de las protestas del gremio por la seguridad de los celadores de líneas.

La orden se mantendrá vigente hasta el 18 de septiembre, fecha en que los abogados de la Utier y las abogadas de la AEE regresarán a la sala 904 para una vista evidenciaria relacionada a la petición de “injuction” preliminar y permanente que solicitó la corporación pública.

Ese día también se atenderá el posible desacato a la orden de entredicho.

Durante la audiencia de hoy, que se extendió hasta el filo de las 3:00 p.m., el magistrado no atendió la petición de “injucticion” ante una solicitud de los abogados de las partes para continuar con la negociación iniciada en el Departamento de Trabajo.

El proceso de negociación continúa mañana, miércoles, cuando se atenderá la controversia sobre la forma y manera en que el sindicato realiza sus manifestaciones o acciones concertadas, asunto que desembocó en el pleito judicial.

"Para nosotros el espacio de negociación es el espacio deseable", afirmó el licenciado Alejandro Torres Rivera, quien encabezó el equipo de abogados de la Utier compuesto por José Velaz Ortiz, y Orville Valentín Rivera.

"Si el espacio existe en la mesa de negociación, ese sería el espacio idóneo para atender las controversias", agregó.

La licenciada Edna Ríos González, quien dirigió el equipo de abogados de la AEE compuesto por Johanna Costas Vázquez y Janette Vargas Ortega, coincidió que en que existía voluntad para atender las diferencias en la mesa de negociación.

Pero en lo que culmina ese diálogo, la licenciada pidió al juez Pagán Ocasio que extendiera la orden de entredicho que tenía vigencia hasta hoy y presentó prueba para atender la controversia en torno al emplazamiento adecuado de la demanda.

Tras escuchar el testimonio del emplazador Edwin Pérez Conde y las argumentaciones de los abogados, el magistrado concluyó que la AEE cumplió con los requisitos requeridos para diligenciar la demanda y la primera orden de citación del caso.

"El tribunal asume jurisdicción sobre la parte demandada", afirmó Pagán Ocasio.

Durante la audiencia, el licenciado Torres Rivera planteó que el juez no tenía jurisdicción para emitir un “injunction” en este caso porque la Ley 50 de agosto de 1947 establece que en disputas obrero-patronales se atienden en la Junta de Relaciones del Trabajo y no ante un foro judicial.

Pero la licenciada Ríos González refutó este planteamiento y aseguró que no existe impedimento legal que impida al juez atender la controversia ante su consideración porque este caso constituye una excepción a esa norma.

"Sobre este asunto me voy a reservar la decisión hasta que escuche la prueba para ser ver si se configura una excepción", apuntó.

La AEE radicó la demanda contra la Utier luego que cientos de empleados quedaran encerrados en la sede de la corporación pública en Santurce en medio de una manifestación de los miembros de la Utier, quienes exigían mejores condiciones de seguridad para los celadores de línea.

En ese momento, la gerencia de la AEE alegó que la unión impidió la salida de los empleados y que puso en peligro su seguridad, mientras que la Utier denunció que fue la corporación pública la que cerró los accesos al lugar.

La AEE acudió la misma noche de la manifestación al Tribunal de San Juan con un recurso legal, que expidió la jueza administradora, Isabel Llompart Zeno. En esa orden de entredicho provisional la jueza prohibió a los miembros de la Utier impedir la salida de los empleados de la AEE durante manifestaciones o acciones concertadas frente a la sede de la corporación pública.

Posteriormente el juez Pagán Ocasio expandió dicha orden para prohibir el bloqueo de las entradas a la sede de la AEE en medio de protestas.

 En medio de la pugna, el director ejecutivo de la AEE, Juan Alicea, llamó "desordenados" a los miembros de la Utier y los acusó de ser los responsables de mantener en el encierro a 1,500 empleados de la corporación pública hasta la madrugada del 14 de agosto.

Sin embargo, el funcionario luego aceptó en una entrevista radial que fue la propia corporación la que le puso las cadenas y candados a los portones que dan acceso al edificio por consideraciones de seguridad.