El juez superior Ángel Pagán Ocasio concedió hoy, viernes, un plazo de cinco días a la Diócesis de la Iglesia Católica en Arecibo para que entregue al tribunal en sobres sellados la información requerida por el Departamento de Justicia, como parte de la investigación que esa agencia interesa llevar a cabo en torno a denuncias de abuso sexual contra menores atribuido a varios sacerdotes.

Pagán Ocasio emitió la solicitud amparado en una sentencia del Tribunal Supremo que condiciona la entrega de documentos de la Diócesis de Arecibo en este caso. El juez superior establece en su orden que debe entregarse la información en sobres sellados, marcados como confidencial, para examinarlos personalmente.

Esos sobres, según la orden de Pagán Ocasio, tendrán que entregarse a la mano al supervisor de la Secretaría del Centro Judicial de San Juan, Luis Rosario Avilés, quien tiene la encomienda de traerlos personalmente, de inmediato, al magistrado.

Pagán Ocasio precisó que, una vez reciba los documentos, procederá a un análisis que realizará en cámara con la “exclusión de las partes y sus abogados”.

 Los sobres deben contener documentos internos de pesquisas eclesiásticas sobre abuso sexual a menores atribuido a sacerdotes que estuvieron adscritos a la Diócesis de Arecibo, dirigida al presente por el obispo Daniel Fernández Torres.

 Según la sentencia del Tribunal Supremo, tomada por los jueces asociados Rafael L. Martínez Torres, Erick V. Kolthoff, Edgardo Rivera García y Roberto Feliberti Cintrón, el pasado mes de julio,  el Tribunal de Primera Instancia de San Juan deberá evaluar primero en cámara todos los documentos solicitados por la Fiscalía de Arecibo y darle espacio a las víctimas que ya todas son mayor de edad determinen si quieren que su información se le entregue al Estado.

 La sentencia establece claramente que “no se entregará al Estado ningún documento o porción referente a cómo la Iglesia Católica y/o las personas que atendieron estos asuntos resolvieron los mismos”.

 Esta decisión del máximo foro judicial fue criticada por el secretario de Justicia, César Miranda, quien dijo en una entrevista con el periódico El Nuevo Día, que con la misma se crea un “escollo indebido a la capacidad investigativa del Departamento de Justicia”, que no podrá investigar si dentro del liderato de la Iglesia Católica se encubrieron los actos de abuso de menores por parte de los sacerdotes pederastas.

En este caso, la Iglesia Católica, a través de la Diócesis de Arecibo y el obispo Fernández Torres, levantaron un planteamiento constitucional de separación de iglesia y estado para evitar entregar información al Departamento de Justicia.

El pasado 30 de enero, el fiscal de distrito de Arecibo expidió y diligenció dos emplazamientos dirigidos al obispo Fernández Torres y al vicario general, Luis A. Colón Rivera, ordenándoles entregar todo documento e información relacionada a víctimas de delitos sexuales por parte de seis sacerdotes expulsados en esta diócesis desde 2011 hasta el presente.

 El Departamento de Justicia le solicitó a la Iglesia Católica nombres, direcciones y toda información relacionada a los querellantes menores o adultos que hayan denunciado abuso sexual por parte de sacerdotes católicos durante los pasados 10 años y quiénes fueron las personas que atendieron estos asuntos.

 La Diócesis, sin embargo, demandó al secretario de Justicia, César Miranda, alegando que Justicia intentaba violar la cláusula de libertad de culto y el derecho de la Iglesia Católica de proteger la dignidad de las víctimas que voluntariamente decidieron acudir ante los procesos eclesiásticos para hacer sus denuncias por abuso sexual perpetrados por sacerdotes pederastas.

 Según  la Diócesis de Arecibo y el obispo Fernández Torres, el obligar a la Iglesia a violar sus normas internas y divulgar al Estado la identidad de las víctimas se coloca en peligro su capacidad para investigar futuros casos de abuso sexual, lo que consideran atenta contra su política institucional de erradicar este tipo de conducta sexual del clero.

 La Diócesis de Arecibo y su obispo Fernández Torres alegan que como parte de las investigaciones eclesiásticas que culminaron con la expulsión de seis sacerdotes, la Iglesia Católica les garantizó a las víctimas de abuso sexual la confidencialidad, privacidad y su dignidad. Los sacerdotes expulsados desde el 2011 al presente son Tomás Pagán, Andrés Dávila, Edwin Mercado Viera, Pedro Hernández, Efraín Montesinos y José Colón Otero.