Juicio contra Ricky "el Diablo" se celebrará el año próximo

10/10/2012 |03:09 p.m.
La abogada Mariam Sánchez, de la Sociedad para la Asistencia Legal, acordó con el ministerio público que el juicio se celebre el 9 de abril del 2013. (joserodruguez@gfrmedia)  
Contra el hombre, de 29 años, pesan dos cargos de violación a la Ley de Armas por portar y apuntar un arma contra un policía en Plaza Carolina.

El juicio contra Juan Enrique Seary Colón alias “Ricky el Diablo” se celebrará el año próximo debido a la publicidad excesiva que recibió el acusado durante el pasado referéndum constitucional para limitar el derecho a la fianza.

Contra el hombre, de 29 años, pesan dos cargos de violación a la Ley de Armas por portar y apuntar un arma contra un policía en Plaza Carolina el 27 de diciembre del 2011, mientras se encontraba prófugo de la justicia por el asesinato de un contratista.

Hoy, durante una vista sobre el estado de los procedimientos en el Tribunal de Carolina, el juez Francisco Borrelli acogió la fecha del 9 de abril del 2013, día que el ministerio público y la defensa propusieron como un acuerdo entre las partes.

Durante la audiencia, el togado explicó en corte abierta que el ministerio público compuesto por los fiscales Rosely Carrión y José Virella se “allanaron” a la moción presentada por la defensa. Este escrito recogió los argumentos esbozados en sala por la abogada Mariam Sánchez de la Sociedad para la Asistencia Legal en una audiencia anterior.

En ese momento, Sánchez argumentó que el rostro de su cliente apareció en anuncios a favor de la fallida propuesta que impulsó el gobernador Luis Fortuño y el Partido Nuevo Progresista (PNP).

En los anuncios, que el PNP transmitió por televisión, se identificó a Seary Colón como un criminal que cometió un asesinato cuando se encontraba bajo fianza. Pero este planteamiento no era cierto, según subrayó la abogada en la audiencia pasada. El hombre se encontraba libre en ese momento porque se habían cumplido los seis meses que establece la Ley para la celebración de un juicio.

El nombre de Seary Colón también estuvo en boca de varios miembros del gabinete del gobernador y del presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, cuando exhortaron a los ciudadanos a votar a favor de la enmienda constitucional que perseguía eliminar el derecho a la fianza en casos de asesinato en los que mediaba la premeditación, la deliberación y el acecho, así como en los asesinatos cometidos durante una agresión sexual o secuestro, en robos domiciliarios, en lugares abiertos o desde un vehículo y cuando la víctima sea un agente del orden público.

En su resumen de la controversia, Borrelli insistió en que el ministerio público aceptó que la “forma y manera” en que se presentó la información relacionada al acusado afectó su derecho a un juicio justo e imparcial como lo establece la Constitución de Puerto Rico.

En la vista, Sánchez y la abogada Ana Celia Acevedo Cruz, directora de la oficina de la SAL en Carolina, también solicitaron “auxilio” al togado para que interceda con el jefe de los alguaciles para que a su cliente se le remuevan las esposas cuando se encuentra encerrado en la cárcel del tribunal a la espera de que se llame su caso.

Al realizar su súplica, las abogadas explicaron que hoy, ante una petición de su cliente, solicitaron a los alguaciles que aflojaran sus esposas mientras se encontraba en sala.

Pese a que respondió que indagaría en el asunto, el juez indicó a las abogadas que debían realizar su planteamiento ante el alguacil regional, quien determina las medidas de seguridad que se utilizan con los detenidos.

Parado al lado de sus abogadas, Seary Colón se mantuvo serio durante el proceso, mientras cinco alguaciles a través de la sala custodiaban al hombre.

En el segundo banco de la sala 203, Nilsa Colón, madre del acusado, se mantenía atenta a los procedimientos. Minutos antes, susurraba palabras a su hijo desde la distancia.

Actualmente, Seary Colón se encuentra detenido en la Cárcel Federal luego que un gran jurado emitiera una acusación por cargos relacionados con el asesinato de un comerciante mediante el uso de un arma de fuego que viajó por el comercio interestatal. Por este cargo es elegible para pena capital.

 En la esfera estatal, recibió una sentencia de 134 años de cárcel por el asesinato de un contratista dominicano en medio de un robo domiciliario el 31 de julio de 2009 en la urbanización Villas de Loíza, en Canóvanas.

 Este juicio se celebró en su ausencia porque se encontraba prófugo.