Mayagüez.- El promotor de espectáculos Julio César Sanabria aceptó responsabilidad judicial hoy por someter en el 2008 una factura falsa e inflada al municipio de Hormigueros para la presentación en tarima de dos bandas de rock y un dúo de reguetoneros, durante la feria Porta del Sol.

Por acuerdo entre la defensa y el Ministerio Público, al también trovador, se le reclasificó un cargo de falsificación de documentos por uno menos de grave de obstrucción en la función pública y se le archivó otro cargo de apropiación ilegal de fondos públicos. Sin embargo, Sanabria tuvo que devolverle hoy mismo, en corte abierta al Municipio de Hormigueros, mediante un cheque de gerente, la suma de $10,500 que se le imputaba en la apropiación.

Además, tuvo que pagar al tribunal otros $5,600 en multas y penalidades.

También, el promotor, como presidente de Empresas Sanabria Inc, aceptó culpabilidad por dos delitos de falsificación y traspaso de documentos falsos, tal y como le fueron imputados. Estos son delitos graves que implican depravación moral.

El acuerdo fue negociado entre los fiscales Edwin Ortiz Rivera, Carlos Romo Aledo y Edmanuel Santiago Quiles, de la División de Integridad Pública, del Departamento de Justicia y los abogados de Sanabria, Harry Padilla y Julio E. Torres, antes de que comenzara el juicio en su fondo contra el promotor de espectáculos, en la sala que preside la jueza administradora del Tribunal de Mayagüez, Aixa Rosado Pietri.

Sanabria estaba acusado de someter al Municipio de Hormigueros una factura falsa a nombre de la cervecera de Puerto Rico, con precios inflados, por la presentación en tarima de Cultura Profética, La Secta y el dúo de reguetoneros Ñejo y Dálmata, en la Feria Porta del Sol, que se llevó a cabo en agosto de 2008.

¿Abierta la puerta para solicitar más contratos?

La defensa solicitó a la jueza Rosado Pietri que no quedara registrada la depravación moral, para que Sanabria pueda participar en subastas del gobierno y municipios, así como en contratos de promoción y producción de eventos, e inclusive, para que pueda en un futuro ocupar cargos públicos.

Pero, la jueza dijo que no podía presumir cual será la posición del Estado. “En su momento si surgiera la situación, a alguien le tocará determinar eso. No soy yo”, sostuvo.

“Aquí hubo una restitución de $10,500 que fue lo que imputó el Ministerio Público en las acusaciones. Ese dinero fue restituido en su totalidad lo que demuestra que el acusado cometió el acto ilegal y aceptó culpa por ello. De lo contrario, no hubiera tenido que devolver ningún dinero”, sostuvo el fiscal Ortiz Rivera.

“El Ministerio Público prevaleció al lograr que se devolviera el dinero que dejó de recibir el municipio. Para nosotros este es un caso de apropiación ilegal de fondos públicos”, sostuvo el fiscal.

Dijo que aunque era un caso técnico, “teníamos la prueba para demostrar más allá de duda razonable, cada uno de los elementos del delito”.

“Fui honesto al reconocer que hubo errores oficinescos”, reclamó Sanabria a su salida de la sala 203. “En todo proceso se aprende de las enseñanzas y espero un 2015 con nuevos bríos y nuevas metas para seguir promocionando nuestra música autóctona”, dijo para agregar que va a “seguir trabajando y ganando el pan de cada día con el sudor de mi frente”.

Su abogado, Harry Padilla alegó que “todo se trató” de un error matemático que fue identificado por la Oficina del Contralor. “Al archivarle los cargos, el Estado reconoce que ni mi representado ni Empresas Sanabria se apropiaron de dinero alguno de manera ilegal, aunque tenemos que reconocer que se cometieron errores oficinescos al someter documentos”, dijo el abogado.

Mientras, el alcalde de Hormigueros, Pedro García, quien estuvo presente ayer en el Tribunal, sentenció que no volverá a contratar al promotor, ahora convicto de un delito menos grave de obstrucción en la función pública.

“En términos generales es ejemplarizante para todo el que hace negocios con los municipios y el gobierno central, de que tienen que comportarse al nivel ético y con la prudencia y razonabilidad de estos documentos públicos. Hay que hacer las cosas con rectitud”, sentenció el alcalde hormiguereño.

“El municipio cumplió con su responsabilidad de lograr que se restituyeran los fondos que se pagaron de más. Cumplimos nuestro cometido”, agregó.

A preguntas sobre si están abiertas las puertas para que Sanabria pueda volver a obtener contratos con su municipio, el alcalde reiteró que no. “Lamentablemente hemos tenido esta situación difícil y obviamente no lo contratamos desde 2008 y nos mantendremos haciendo los trabajos con otras empresas”, concluyó el alcalde.

A la salida del tribunal, se repartió un comunicado de prensa, en el que Sanabria alegó que “el Departamento de Justicia ha reconocido en el Tribunal que Empresas Sanabria y yo no nos apropiamos de fondos públicos. Por ello para mí es un día bien importante, se ha reivindicado mi honestidad. No solamente lo decía yo, sino que lo demostró mi perito y el Departamento de Justicia tuvo que admitirlo”.

Los fiscales rechazaron la versión de Sanabria y aclararon que durante el proceso no desfiló prueba de ningún perito.

 “Por lo que alegó culpabilidad Empresas Sanabria fue precisamente por posesión y traspaso de documentos falsos. Estamos claros en la comisión del delito. Para efectos del acuerdo, lo importante es que el dinero regrese al fisco”, acotó el fiscal Santiago Quiles.

Romo Aledo sostuvo, que la convicción reivindica al Contralor de Puerto Rico en el trabajo que realizó, al igual que a los empleados de Finanzas en el municipio de Hormigueros y todo personal que trabajó en la investigación.

“Quedó demostrado que los fondos públicos se protegen y que nadie puede mentir al gobierno sin consecuencia”, dijo el fiscal especial.

El fraude fue detectado en una auditoría de la Oficina del Contralor en 2010 y en marzo de 2009, una investigación del periódico Primera Hora develó un esquema de tarifas infladas en los contratos de Julio César y su hermano Alfonso Sanabria, con diversos municipios para la celebración de fiestas patronales y otras actividades culturales.

“La factura incluida como justificante de pago no era un documento oficial de la compañía, ya que cuenta con un modelo prediseñado de facturas”, concluyó la auditoría de la Oficina del Contralor, que contó con entrevistas y declaraciones juradas de representantes de la compañía cervecera.