El Departamento de Justicia anunció este martes que solicitó el archivo en 18 de los casos contra los acusados por el esquema de fraude primarista en Guaynabo, ante inconsistencias en las firmas de las funcionarias de la Junta de Inscripción Permanente (JIP), que procesaron las transferencias electorales en enero de 2012.

“En Guaynabo hubo trampa, hubo fraude. Yo no tengo la más mínima duda de que estas 18 personas participaron en este fraude… Lamentablemente el error lo cometió la Comisión Estatal de Elecciones (CEE)”, dijo el secretario de Justicia, César Miranda en una conferencia de prensa en la sede de la agencia, en Miramar.

Entre los acusados que se libran de los cargos y que en su mayoría estaban pendientes de juicio, figuran Karen Velázquez, ayudante del alcalde de Guaynabo, Héctor O’Neill; y Norma Miranda Gallardo, quien fue ayudante especial de la expresidenta de la Cámara de Representantes, Jenniffer González.

El pasado mes de mayo, la hermana de Norma, Iris Miranda Gallardo, también acusada en el caso, se declaró culpable por el fraude con miras a pagar una multa de $1,500.

El Secretario de Justicia indicó, sin embargo, que los casos contra los restantes 34 acusados por el esquema fradulento en la primaria guaynabeña continúan en pie en el Tribunal de Primera Instancia de Bayamón.

“Estos casos los estamos desestimando porque éticamente no se pueden procesar. Hemos hecho infinitos esfuerzos para remediar esto, pero no ha sido posible. Hay 18 casos que no son salvables porque no tenemos prueba”, dijo el abogado, acompañado por el jefe de la División de Integridad Pública, Alberto Valcárcel; y los fiscales, Edmanuel Santiago Quiles y Loraine Pietri Colón. Estos últimos tienen a cargo los casos del fraude en la primaria novoprogresista en Guaynabo, en la que se disputaban la candidatura a un escaño en la Cámara el exrepresentante, Ángel Pérez, y Antonio Soto, candidato que apoyaba el alcalde O’Neill.

Valcárcel explicó que en las transferencias electrónicas de estos 18 votantes aparece la firma de una funcionaria de la JIP, pero en el documento manual de la transacción, al que los fiscales tuvieron acceso adentrados ya en el caso, la funcionaria que subscribe el mismo, es otra.

“Éticamente no le puedo pedir a un fiscal que siga encausando personas contra las cuales no tenemos prueba”, sostuvo el Secretario de Justicia para luego agregar que hace un mes le cursó una carta al presidente de la CEE, Ángel A. González Román, para notificarle “sobre la falta incurrida por los representantes de la JIP”.

En abril de 2012, El Nuevo Día develó el esquema de fraude en una investigación periodística. Posteriormente, un comité Ad hoc de la CEE confirmó los hallazgos y en junio de 2012, refirió las irregularidades al Departamento de Justicia. 

De hecho, el comité de la CEE no se percató de las inconsistencias en los documentos de la JIP.

El Secretario de Justicia dijo que la CEE “fue negligente” en el manejo de estas 18 transferencias que fueron hechas a finales de enero de 2012.

El funcionario relató que en aquel momento en la JIP unieron las unidades 6 y 7 de Guaynabo, luego que tuvieron que cerrar la unidad 6 por problemas de aguas usadas. Dijo que como clave de acceso, las funcionarias de la JIP usan una llave o token para entrar al registro electrónico del elector.

“Lo que ocurre es que la persona que atendía al elector imprimía un token que no era el suyo, por tanto se registra una firma distinta en el documento manual. Esta confusión impide que se pueda validar el documento que se va a presentar al tribunal. Es el mismo documento, pero aparecen dos firmas y no es admisible en un proceso judicial”, explicó.

Miranda sostuvo que cuando radicaron los casos los fiscales no se percataron de las inconsistencias porque utilizaron el documento electrónico.

 “En la vista preliminar al intentar corroborar un documento contra el otro, se va descubriendo que no se había seguido el proceso y que el nombre de la funcionaria que atendía al elector no coincidía con el documento manual”, abundó.

Dijo que las funcionarias usaron una misma laptop para atender las dos unidades electorales.

“Tenía que haber un rigor mayor”, sostuvo el titular de Justicia.

El presidente de la CEE, Ángel A. González Román, dijo por voz de su oficial de prensa, José Enrique Alvarado Solivan, que recibió la carta ayer y que por tratarse de un asunto político, refirió la misiva a los comisionados electorales.

“Una vez los comisionados analizan la comunicación, deciden o no, si la van a discutir en el pleno o en reunión ejecutiva. De acuerdo a la determinación que se tome el asunto podría quedar en manos de la consideración del Presidente. Por tal razón en este momento, el Presidente no va a emitir expresiones públicas porque el asunto podría quedar ante su consideración”, sostuvo Alvarado Solivan.