Justicia federal investigará posibles violaciones de derechos civiles contra policías

Por Maribel Hernández Pérez 02/09/2018 |11:21 a.m.
El origen de la solicitud de investigación surgió hace un año y medio cuando durante unas vistas ante el juez federal Gustavo Gelpí, en representación de los demás gremios de policías. (Archivo)  
Del 19 al 23 febrero viajan a Puerto Rico para iniciar la investigación.

Personal del Departamento de Justicia Federal estará en Puerto Rico del 19 al 23 de febrero para iniciar una investigación sobre la posible violación de derechos civiles dentro del Negociado de la Policía y de parte del Departamento de Seguridad Pública (DSP).

El presidente del Frente Unido de Policías Organizados (FUPO), Diego Figueroa, reveló hoy, viernes, que el origen de la solicitud de investigación surgió hace un año y medio cuando durante unas vistas ante el juez federal Gustavo Gelpí, en representación de los demás gremios de policías, en las que estuvo presente Luis Saucedo, representante directo del Departamento de Justicia Federal para la Reforma Sostenible de la Policía, se les planteó la posible violación de los derechos civiles de parte del Negociado de la Policía. En esa ocasión no hubo respuesta.

“Tienen que comparecer ante los funcionarios del Departamento de Justicia Federal porque la pesquisa va dirigida a la administración de la Policía de Puerto Rico en su totalidad, incluyendo al DSP. Ahora nosotros tenemos la esperanza de que por fin los policías puedan tener el foro que necesitaban como lo obtuvieron en su momento las personas que los acusaron a ellos para presentar que han sido la víctima de la violación de sus derechos civiles”, declaró Figueroa en entrevista con Primera Hora.

Según Figueroa, las órdenes ilegales impartidas para que se cometieran violaciones de derechos civiles a los ciudadanos, los traslados arbitrarios del personal, los ascensos injustificados y la manera en la que se maneja la asignación por encargo de horas extra a un personal, entre otras acciones, constituyen un trato discriminatorio que afecta la tranquilidad del policía que ponen en peligro la seguridad del país.

Uno de los ejemplos utilizados fue el caso de su socio, el teniente coronel Roberto Salvá, a quien el gobernador Ricardo Rosselló Nevares le revocó el ascenso al rango de coronel, asunto que fue apelado en los tribunales.

Agregó, que previa a la reunión del 22 de enero con la directora ejecutiva de la Junta de Supervisión Fiscal, Natalie Jaresko, se volvió a retomar el tema de la posible violación de derechos civiles a los agentes y oficiales de la Policía, luego de que el licenciado William Ramírez Hernández, director ejecutivo de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), promovente de la demanda contra la agencia que culminó con una Reforma Sostenible de la Policía, aceptara en una entrevista con un semanario esa posibilidad, lo que motivó que atendiera el reclamo de los gremios.

“Exponía claramente que a los policías de Puerto Rico se le estaban violentando todos los derechos civiles y la pregunta sucesiva es que ¿cómo es posible que la misma persona que fue el gestor de la querella que puso a la Policía dentro de la reforma ahora esa persona escribe de su puño y letra en una columna que hay una violación de derechos civiles de policías y no se le ha prestado esa atención a esa declaración?”, cuestionó Figueroa.

Desde la segunda quincena de noviembre hasta mediados de enero el ausentismo de policías se elevó a niveles insospechados hasta sobrepasar las 4,000 ausencias diarias como parte de un movimiento que comenzó por el impago de las horas extra trabajadas durante la emergencia de los huracanes Irma y María y posteriormente en reclamo de un retiro digno, entre otros planteamientos, lo que creó una crisis de seguridad del país, en medio de la cual a la comisionada de la Policía, Michelle Hernández de Fraley, el Gobernador le pidió la renuncia al cargo.

El 17 de julio del 2013 el gobierno firmó un acuerdo con el Departamento de Justicia Federal que tiene una vigencia de 10 años, el cual fue aprobado por el Tribunal Federal del Distrito de Puerto Rico que contiene 301 requerimientos con los que la agencia tiene que cumplir para reformar a la Policía, los cuales se dividen en 11 Áreas de Cumplimiento.

En julio de 2008, el Departamento de Justicia Federal inició una investigación por alegados patrones o prácticas de violaciones de derechos civiles la cual culminó el 5 de septiembre de 2011 con la publicación de un informe en los que señalaba violaciones constitucionales por el uso de fuerza excesivo en violación; el uso de fuerza irrazonable y otra conducta impropia dirigida a suprimir el ejercicio de libertad de expresión y registros y allanamientos irrazonables.

El 5 de junio del 2014, el gobernador Alejandro García Padilla anunció la designación de Arnaldo Claudio, coronel retirado del Ejército de Estados Unidos, como el Asesor Técnico de Cumplimiento de la Reforma de la Policía de Puerto Rico.

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