El Departamento de Justicia le requirió información, mediante una orden judicial, al Ponce Experts Shooting Club como parte de una investigación que realiza la agencia de los múltiples incidentes con balas perdidas que han denunciado vecinos del barrio El Tuque y la comunidad de la escuela superior Lila Mayoral Wirshing de la Ciudad Señorial.

La pesquisa incluye al campo de tiro de la Policía que ubica en el sector ponceño y que también es eje de la controversia por el peligro que representan las municiones que a diario se recogen en el plantel y en las residencias cercanas a los polígonos de tiro al blanco.

La fiscal Wilda Nin, quien es ayudante especial del secretario de Justicia, Luis Sánchez Betances, está al frente de la investigación. La experimentada fiscal dijo que ya tiene los resultados de un estudio pericial que le fue encomendado al Instituto de Ciencias Forenses sobre la trayectoria de los proyectiles y que está en espera de otra evaluación que le solicitó al Negociado de Investigaciones Especiales (NIE).

Nin indicó que cuando tenga toda la información recopilada le rendirá un informe al Secretario de Justicia. “Espero que antes de que empiecen las clases tener una recomendación que presentarle al secretario”, sostuvo.

La fiscal dijo que le está dando prioridad a la pesquisa, que le fue asignada a raíz de un informe que aprobó la Cámara de Representantes, el pasado 17 de junio y que recomendó reubicar los polígonos de tiro.

“Mucha información ya había sido recopilada por la Cámara en vistas públicas”, sostuvo. “Todo se está analizando y espero que para finales de esta semana o principios de la próxima le tengamos la recomendación al secretario de Justicia”, agregó la fiscal.

Las comisiones de Desarrollo Integral de Ponce y de Seguridad Pública de la Cámara alertaron a Justicia sobre el peligro de un incidente lamentable en el sector. “Vieques era considerado un polígono de tiro seguro por la Marina de Estados Unidos hasta que un bombazo mató a David Sanes; entonces, un pueblo y un país se movió contra este cuerpo militar, indignado por la tragedia”, dice el informe legislativo.

El informe destaca, entre sus hallazgos, que los incidentes con balas perdidas “han estado muy cerca de impactar y hacer daño físico a los estudiantes” y que la operación de los campos de tiro ha provocado una reducción de un 45 por ciento en la matrícula de la escuela Lila Mayoral Wirshing.

Añade el informe que el debate no debe circunscribirse a qué estructura estuvo primero en la zona de conflicto. “La escuela llegó última. Tampoco el fin es buscar de cuál pistola o arma de fuego es que salen los proyectiles que personal de la escuela recoge diariamente en el plantel escolar. El papel de esta investigación es crear conciencia en las autoridades de rigor, como en los propietarios de los campos de tiro al blanco, de que permea un ambiente de inseguridad y de riesgo a la vida en la zona de convivencia”, dice el informe.

Desde febrero de 2013 Primera Hora ha reseñado diversos incidentes con balas perdidas que mantienen en tensión a la escuela y a vecinos del sector.