El 35% de las querellas de robo en Puerto Rico están relacionadas con celulares.

Esa es la razón por la que el representante Nelson Torres Yordán quiere que todos los celulares inteligentes que se manufacturen a partir del 1 de julio de 2015 y se vendan aquí tengan una función antirrobo o la posibilidad de que se les añada una de esas aplicaciones.

El legislador del Partido Popular Democrático presentó un proyecto de ley que de aprobarse obligaría a las compañías de teléfono a vender los “smartphones” antirrobo, que dejan de operar cuando se les “comunica” que el que lo está usando no es el dueño.

El usuario en ese momento podrá usar el teléfono solo para acceder a números de emergencia, como el 9-1-1.

En el proyecto se menciona que en Puerto Rico los celulares no solo se han convertido en uno de los objetos más deseados de los asaltantes, sino que los dispositivos hurtados se usan en la comisión de fraude o se les trafica en el comercio clandestino.

De hecho, muchos asaltos se dan con el único fin de sustraerle el celular a la víctima.

En Puerto Rico, según Torres Yordán, se presentan alrededor de dos mil querellas de robo de celulares al año.

Se estima que en la Isla hay más de tres millones de móviles y que alrededor de cuatro de cada cinco personas posee por lo menos uno de estos aparatos.

Torres Yordán indica que existen dos esquemas delictivos alrededor del robo de los celulares: uno de fraude, que consiste en denuncias falsas para que el dueño pueda pedirle a su proveedor de servicio que le dé un teléfono nuevo; y el otro, el tráfico de celulares en un mercado clandestino que incluye otras jurisdicciones.

El robo de identidad también motiva a los ladrones.

Cuando la intención es tener un celular nuevo, los usuarios usualmente ya han confrontado algún problema con su teléfono. O se le rompió, o está averiado.

Las querellas no llevan a nada, generalmente.

En el proyecto de ley de Torres Yordán se apunta que en el 90% de los casos el celular no se recupera.

El delito, por otro lado, es difícil de probar, porque no suele haber testigos.

En Minnesota y California aprobaron legislación para obligar a la venta de celulares antirrobo.

Una medida similar está siendo considerada por el estado de Nueva York y por el gobierno federal.

Los programas y las aplicaciones antirrobo permiten acceder al teléfono inteligente y controlar sus funciones a distancia, si se entra en determinada dirección de Internet.

El cliente se tiene que registrar mediante correo electrónico previamente.

Conectado el móvil robado, el dueño del aparato puede enviarle instrucciones a este y recibir información sobre el estado del teléfono.

Hay programas que también pueden rastrear y localizar el dispositivo mediante el GPS (sistema de posicionamiento global).

Algunas de estas acciones se realizan vía SMS e incluyen la activación de una alarma, identificar el cambio de la tarjeta SIM, y otras.

Los programas se mercadean con la garantía de que la aplicación se puede ocultar y que tampoco podrá ser desactivada por el ladrón.

Hay programas que además le permiten al dueño tomar -también a distancia- fotos desde el teléfono robado y que este luego las envíe por correo electrónico.