El agente que fue captado en un vídeo  insultando y amenazando con disparar contra un ciudadano que participó en la caravana de recibimiento de los atletas olímpicos, fue suspendido ayer en la tarde de empleo, confirmó el superintendente de la Policía, José L. Caldero López.

El director de la Oficina de Prensa de la Policía, Axel Valencia, indicó  que en esta etapa de la pesquisa solamente se decidió suspender de empleo al agente Luis M. Ortiz Ortiz.

“El agente está suspendido de empleo, la Superintendencia Auxiliar de Responsabilidad Profesional continúa con la investigación administrativa para la decisión final”, agregó Valencia.

El policía está citado para una vista administrativa el 2 de septiembre.

“Si te llego a ver en la actividad, puedes estar con cien, y te voy a caer encima a ti. Me podrán dar cincuenta, pero un tiro lo vas a recibir tú, ¿estamos?”, se le escucha decir al agente  al hombre que aparentemente recibió una multa por andar en un vehículo four track o todoterreno, los cuales no están autorizados a transitar por las vías públicas.

“Más hijos de pu** que tú, me he dado con ellos”, le dice el policía en otro intercambio, seguido poco después por “a mí me importa un cara** lo que tú pienses”, cuando el joven le reclamó por el boleto, de acuerdo al vídeo captado por un celular.

El agente Ortiz, de 40 años, adscrito a la Unidad Motorizada de San Juan desde hace dos meses, lleva seis años en la agencia y era candidato a ascenso al rango de sargento para fines de este mes. 

Si es candidato a ascenso es porque ya cumplió con todos los requisitos, las orientaciones y los cursos requeridos bajo la Reforma de la Policía.

Más temprano, Caldero López anunció que ordenó una investigación administrativa a la Superintendencia Auxiliar en Responsabilidad Profesional para que “de manera ágil y eficaz se investigue y adjudique la misma”.

La Policía expidió unos 120 boletos contra motociclistas y conductores de  todoterrenos por diversas violaciones de ley, se confiscaron dos motoras y se ocupó una tablilla durante el evento de recibimiento.

Urge una investigación independiente

El caso destapó nuevamente la conducta agresiva de algunos miembros de la Fuerza que ha sido ampliamente reseñada.

“Todavía están ocurriendo casos con uniformados cuya conducta raya en lo criminal”, señaló el licenciado William Ramírez, director ejecutivo de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU). “Aquí lo que tenemos es un policía amenazando con meterle un balazo a un ciudadano si lo encuentra en el coliseo… un policía no está inmune de cumplir con la ley y no es función de la Policía parar a un individuo e incurrir en conducta amenazante”.

Queda claro que el ciudadano sí estaba cometiendo una infracción al estar conduciendo un four track por una avenida principal, lo que está penado por ley, y “el policía tiene razón en detenerlo y darle un boleto y hasta llevarle el vehículo, pero lo que no puede hacer es abusar del ciudadano y menos amenazarlo de muerte”, denunció Ramírez.

El abogado recalcó que, con el nuevo cinturón provisto, el agente “tiene un arma y otras menos letales que le acaban de dar, como pepper spray, un batón retractable, un taser y además acaba de tomar un adiestramiento y, sin embargo, mira cómo se desempeña: de la forma más violenta que puede comportarse”.

“¿Qué hubiera ocurrido si no hubiese testigos y no lo hubiesen grabado?”, se preguntó Ramírez . 

Mucha la desconfianza

El director ejecutivo de la ACLU insiste en que debe haber un ente separado e independiente de la Policía para investigar este tipo de casos, ya que “el policía incurrió en una violación de ética policial, una violación del Código Penal y si no hubiese grabado, hubiera tenido que ir a querellarse al mismo cuartel y el ciudadano no se siente confiado con policías investigando a sus  compañeros”.

Es por ello que “mientras se está dando la reforma siguen ocurriendo estos casos y apunta a lo que llevamos años diciendo, que en Puerto Rico es necesario establecer una entidad civil para monitorear a la Policía de Puerto Rico”.

De acuerdo con Ramírez, el ente “sería un mecanismo independiente y civil donde el ciudadano pueda radicar una querella sin que se vayan a mofar y lo escuchen. Es posible hacerlo, pero hay mucha resistencia en todas las ramas del gobierno”.

Lo preferible, para la ACLU, sería una oficina de auditoría de la Policía, “independiente y que no funciona dentro de la agencia; ahora mismo hay ciudadanos que trabajan con la Policía como comités independientes pero funcionan dentro de la Policía, juramentados por ellos”.

Para el funcionario, un grupo auditor independiente “hasta beneficiaría a los mismos agentes, porque a los que sí tienen vocación se les brindaría un buen ambiente de trabajo”.