Líderes de las organizaciones que representan a miembros de la Policía de Puerto Rico están preocupados con la Reforma de la Uniformada, pues creen que no toma en cuenta los derechos civiles de los agentes.

La inquietud se la hicieron saber ayer, martes, al juez federal Gustavo A. Gelpí en una reunión que sostuvieron en el Tribunal Federal del Viejo San Juan.

Gelpí está a cargo del caso federal radicado por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos contra el Gobierno de Puerto Rico por violaciones de derechos civiles por parte del cuerpo policiaco estatal.

En entrevista realizada después del encuentro, el juez indicó a este diario que las uniones, lideradas por el presidente del Frente Unido de la Policía (FUPO), Diego Figueroa Torres, también expresaron preocupación por las funciones que tendrá el monitor Arnaldo Claudio.

"Se les explicó que sí, (que se les toma en cuenta) con adiestramiento. Que la Reforma los podía impactar, pero que tomará unos cuatro años en montar el andamiaje en la primera fase y después se empezará a implantar la Reforma como tal... Les dije que estaba agradecido y consciente de su trabajo y que la Reforma los va a ayudar mucho", señaló el juez federal, quien aclaró que Claudio estuvo en la reunión, al igual que representantes del Concilio Nacional de Policías (Conapol), el Sindicato de Policías Puertorriqueños y la Corporación Organizada de Policías y Seguridad (COPS).

Asimismo, los líderes sindicales solicitaron que se nombrara un síndico para la Policía y no un monitor, como establece la Reforma. Sin embargo, Gelpí les explicó que eso "no se contempla".

"Claudio solo asesora al jefe de la Policía, que es José Caldero. No es un síndico. Caldero es el que manda", aclaró Gelpí.

El juez catalogó el encuentro, que duró como una hora, como uno "productivo", ya que los gremios "sentían que no se le les había escuchado y salieron bastante contentos".

Claudio fue confirmado el 5 de junio pasado como asesor técnico a cargo de velar por el cumplimiento de la Reforma de la Policía de Puerto Rico. El coronel retirado del Ejército de Estados Unidos fue designado por los departamentos de Justicia federal y estatal, bajo la confirmación de Gelpí. Su sueldo anual es de $215,000. 

Su posición no está bajo ningún contrato con la Policía ni los departamentos de Justicia, sino que sirve como oficial del Tribunal Federal de Puerto Rico. Su compensación salarial es pagada con fondos aportados por el Estado Libre Asociado.

La Reforma de la Policía, entretanto, fue ratificada el 17 de julio de 2013 por el gobernador Alejandro García Padilla y el secretario de Justicia de Estados Unidos, Eric H. Holder. Dicho proceso se inició a raíz de una demanda que sometió el Departamento de Justicia federal contra el Gobierno de Puerto Rico por violaciones de derechos civiles por parte del cuerpo policiaco estatal.

El acuerdo contempla cuatro áreas básicas, que son: readiestramiento, reclutamiento y supervisión efectiva de los agentes; interacciones para que no hayan prácticas discriminatorias a la hora de los arrestos, allanamientos y registros; acercamiento con la comunidad, reuniéndose periódicamente y atender sus reclamos en 90 días; e implementar sistemas de información y tecnología.