La exlegisladora y actual jueza superior Liza Fernández no compareció este miércoles a deponer ante el abogado del matrimonio que la demandó por difamación, debido a que la prensa estaba presente afuera de la oficina legal ubicada en la calle César González en San Juan.

Por instrucción de su abogado, el exrepresentante Héctor Ferrer Ríos, Fernández no acudió a la deposición pautada para las 4:00 p.m. en la oficina del licenciado Luis Alberto Rivera Rivera. La deposición es parte del proceso de descubrimiento de prueba y consiste en interrogar a una parte bajo juramento y transcribir lo dicho.

“Héctor Ferrer pasó por aquí y vio a la prensa, y llamó a mi abogado y le dijo que no iba a hacer la deposición hoy porque no iba a dilucidar el caso ante la prensa y que iba a radicar una moción para que la deposición se vea en el tribunal”, expresó Rubén García Ortiz acompañado de su esposa, Milagros Dávila Santana.

Este medio se comunicó vía telefónica con Ferrer Ríos, quien confirmó la información.

“Este es un caso de índole civil entre dos partes y una deposición no es un acto público, y un caso se litiga en los tribunales y no en la prensa. La acción de la parte demandante constituye una violación a esos principios”, dijo el exlegislador.

“Nosotros vamos a litigarlo en el tribunal. Vamos a radicar una moción de protección para que la deposición se haga en el tribunal”, agregó Ferrer Ríos, sin precisar fecha.

También este miércoles, pero por la mañana, Ferrer Ríos estaba supuesto a tomar la deposición del matrimonio, pero determinó no hacerlo por entender que la información que ya han provisto es suficiente. Ambos fueron interrogados y ella depuso en el 2011.

Ferrer Ríos, militante en el Partido Popular Democrático, es el tercer abogado que Fernández, electa a puestos públicos bajo el Partido Nuevo Progresista, utiliza en este caso.

“Uno es amigo en las buenas, en las no tan buenas y en las malas. Tanto Liza como Angel (Pérez, su esposo y exlegislador) son mis amigos. La adversidad política no es menoscabo para la amistad y el cariño”, manifestó Ferrer Ríos.

Dávila Santana es empleada del Centro Más Salud de Puerto Nuevo y García Ortiz un teniente de la Policía retirado.

En el 2008, Dávila Santana demandó por daños al entonces alcalde de San Juan, Jorge Santini, y a sus superiores luego de que denunciara un alegado patrón de fraude con las hojas de asistencia del hospital y no se hiciera nada al respecto. Alegó que, en cambio, se desencadenó una persecución laboral en su contra, por lo que demandó y reclamó $1 millón. Ese pleito se transó por $75,000 a finales del año pasado, luego de que Santini perdiera la reelección.

La demanda contra Fernández por difamación, daños y perjuicios se sometió el 14 de octubre de 2009 a raíz de unas expresiones que hiciera la entonces representante durante una entrevista radial el 16 de octubre de 2008. Ese día, mientras comentaba sobre la demanda a Santini, Fernández dijo que Dávila Santana pretendía que se violentaran las leyes del Ayuntamiento para conseguir favores personales en su lugar de trabajo.

“Ellos pretendían que por haber ayudado a nuestro alcalde en la campaña primarista para su primera elección allá para el año 2000, que el alcalde tuviese un trato preferencial con ella y que el alcalde violentara los reglamentos internos del municipio y que el alcalde violentara las leyes de personal y le permitiera pasos por méritos, que le permitieran ausencias, que le permitiera que ella hiciera lo que le diera la gana allí, inclusive faltarle el respeto a supervisores”, afirmó en la radio Fernández, según consta en la demanda civil.

Dávila Santana y su esposo piden una indemnización de $500 mil. Fernández ha alegado que el caso es de índole político.

Este caso se ha distinguido por las múltiples posposiciones de los procedimientos y el intercambio de mociones entre las partes.