Apenas un 22% de los confinados del país son asesinos, violadores o agresores sexuales, según datos del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR).

Según el informe titulado Perfil del Confinado 2015, unos 2,375 (19.18%) de los 12,381 presos se encuentran tras las rejas por quitarle la vida a otra persona, ya sea en la modalidad de asesinato en primer grado –que implica intención homicida o planificación- u otras variante como homicidio, donde se provoca la muerte con otros elementos, como de forma accidental.

Mientras, los confinados por delitos “contra la indemnidad sexual” como violación, agresión sexual, incesto, entre otros, ascienden a 427 personas, un 3.4%. De hecho, solo hay 164 presas por agresión sexual y 68 por violación.

Asimismo, hay dos personas presas por bestialismo y solo una por prostitución.

Una tercera parte de los presos del país cumple por delitos contra la propiedad. Hay unos 3,898 presos o el 32% por crímenes como robos o las apropiaciones ilegales), mientras que también buena parte de la población confinada se encuentra presa por sustancias controladas con 1,963, o el 16.2%.

Mientras, hay 1,686 sumariados, o personas que no han sido condenadas a prisión, sino que solamente son acusados y no pudieron pagar la fianza por lo que terminaron en prisión.

También, al momento del perfil, 163 personas estaban presas por no pagar la pensión alimentaria .

Este tipo de estadísticas se repite en otras jurisdicciones y se han convertido en tema de debate público, como una reciente propuesta en Alemania. El director de prisiones Thomas Galli, planteó tan reciente como el mes pasado a la revista "Der Spiegel" una eliminación de cárceles para que estas instituciones se reserven sólo a unos pocos delincuentes altamente peligrosos.

"Desde una consideración de costos y beneficios, desde esa perspectiva se trata de una institución insensata. Hay recursos más eficaces para tratar a gente que viola las normas", dice Galli en la entrevista. "Sólo una minoría ha cometido asesinatos o violaciones", agrega.

Galli sostiene que el 90% de la gente que está actualmente en las cárceles alemanes podrían ser dejadas de inmediato en libertad sin que la inseguridad aumentase.

"Deberían estar únicamente para personas que son violentas"

El decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana y profesor de derecho procesal penal, Julio Fontanet, dijo que la realidad carcelaria no ha sido solamente discutida en Alemania.

“Hace poco Barack Obama dijo que la política penal en los Estados Unidos, y por ende Puerto Rico, está matizada por la pobreza y la raza. Trajo un dato muy significativo, el 22% de la población penal en Estados Unidos son afroamericanos y latinos, pero la población carcelaria, que debería ser proporcional a la población general, el 60% son de negros e hispanos”, planteó el penalista.

Fontanet entiende que hay que repensar las cárceles para usarlas solamente para delitos violentos, que no se limitan a asesinatos y agresiones sexuales, explicó Fontanet.

 “Las cárceles deberían estar únicamente para personas que son violentas, en los delitos contra la propiedad hay que reconocer que los delitos de robos, robos de vehículos, son delitos muy violentos y eso debería ser tratado con mucho rigor”, dijo Fontanet.

Pero hay que repensar la necesidad de meter a alguien preso por delitos como apropiaciones ilegales, raterías, y posesión de sustancias controladas, según Fontanet.

Sobre el tema de las sustancias controladas, Fontanet reconoció los pasos “en la dirección correcta” del gobernador Alejandro García Padilla sobre reglamentar el uso de la marihuana medicinal y del senador Miguel Pereira de tratar de despenalizar la posesión de pequeñas porciones de marihuana.

“Uno debe aspirar a un mundo sin cárceles pero hay que reconocer que eso es utópico y que hay personas que necesitan controles muy fuertes para controlar su conducta y que no sean un peligro para la sociedad. Pero hay personas que es contraproducente meterlas a la cárcel, por una posesión de droga, por un delito inconsecuente y que la cárcel no es una forma adecuada de atender esa conducta”, dijo Fontanet, también expresidente del Colegio de Abogados.

Otros mecanismos que no sean la cárcel puede caer en lo que se conoce como justicia terapéutica, como los actuales programas Drug Court, o un mayor uso de mecanismos como la supervisión electrónica.

Mencionó que se habla de que el costo del gobierno en mantener a una persona presa es de $40,000 anuales. Fontanet dijo que debe ser mucho menos el costear el llamado “grillete electrónico” a un convicto.

También el profesor comentó que muchos de esos confinados cometieron delitos empujados por la pobreza. "Esos delitos de naturaleza económica (apropiación ilegal, ratería, entre otros) son cometidos por personas pobres, y se debe pensar que con la crisis económica estos seguirán en aumento. Los ricos cometen lavado de dinero y evasión contributiva pero de esos no hay casi nadie preso", indicó.

Sin embargo, Fontanet no expresó preocupación con que cerca del 15% de los confinados sean sumariados, o personas que no han logrado pagar la fianza. Dijo que esa cifra era posiblemente mayor en el pasado, pero con la creación de la Oficina de Servicios con Antelación al Juicio se logró reducir grandemente el problema de sumariados en las cárceles, pero eso se ha ido revirtiendo por las mucha leyes que han ido limitando que tipo de casos se puede beneficiar de esta oficina.