Josué Pilarte Suárez, sospechoso de disparar contra el empleado de las tiendas Oro Centro de Josué "Mr. Cash" Carrión Carrero el lunes pasado, tuvo este viernes la vista inicial en su contra en el Centro Médico de Río Piedras, donde se recupera del disparo que recibió en el cuello por parte del perjudicado en este caso.

La magistrada federal Silvia Carreño Coll fue hasta la institución hospitalaria para realizar allí la vista inicial en la que le informó que el Negociado Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) radicó una denuncia en su contra por a sabiendas e ilegalmente poseer un arma de fuego que afectó el comercio interestatal.

Según la pesquisa, Rafael Figueroa García, de 45 años, conducía una guagua por la avenida Luis Muñoz Rivera, en Santurce, a eso de las 6:50 p.m. Al llegar cerca a la salida hacia el túnel Minillas, un auto Hyundai Accent, color blanco, chocó contra su guagua e individuos en su interior comenzaron a dispararle. Figueroa García respondió disparándoles con un arma para la que tiene licencia de portación.

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Se alega que el hoy acusado, de 34 años, se bajó del vehículo Hyundai y se acercó a la guagua del herido por el lado del pasajero. Fue, entonces, que Figueroa García le disparó en el cuello.

En la denuncia se indica que se desconoce cuántas personas había en el vehículo Hyundai, ya que al menos otra persona se bajó y en dicho carro llevaron a Pilarte Suárez hasta el Hospital Pavía en Santurce. Luego fue transferido al Centro Médico de Río Piedras. La denuncia indica que "se espera que sobreviva".

Figueroa García también es atendido en el Centro Médico, donde está recuperándose de una intervención quirúrgica.

El FBI continúa investigando.

Pilarte Suárez extinguía un término de cuatro años de libertad supervisada, luego de cumplir cinco años de prisión por un caso de intentar distribuir cocaína a nivel federal. El caso es del 2009 y se declaró culpable. Fue sentenciado en 2010 por el juez federal Francisco A. Besosa.

De ser encontrado culpable, el acusado enfrenta una pena máxima de 10 años de prisión.

El fiscal del caso es César Rivera.

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